El día de hoy, 4 de octubre, el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, respondió a la prensa por el paro nacional anunciado por distintos gremios que tendrá como fecha el 10 de octubre, señaló que no era necesario una medida así que hay sectores que intentar aprovechar esto de manera política porque ellos se encuentran dialogan con la ciudadanía.
"Ya se está haciendo el trabajo de lado del ministerio del Interior (...) en el caso de la Policía ya se están haciendo intervenciones. Estamos trabajando, nos hemos reunido con el 85% de los transportistas así que creemos que no es necesario paralizar la ciudad. Seguiremos dialogando y resolviendo, ya hay recursos, hay Fuerzas Armadas acompañando a la Policía Nacional. Es importante y tener mucho cuidado que no se mal utilice un problema real para aprovechamiento político", señaló el ministro.
Pese a la ola de extorsiones que viene creciendo en el país, la población sigue protestando y exigiendo medidas como la derogación de la ley pro crimen que favorece a delincuentes y dificulta su proceso penal. Especialistas afirman que esa norma no es necesaria y se necesitan medidas más eficaces para combatir la delincuencia.
Hermán Mendieta, el presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional se presentó en Canal N y dijo que esta nueva medida se dará debido a que el rubro de los transportistas no han visto una disminución importante de las amenazas de extorsión de las que son víctimas diariamente. Asimismo, solicitó al Gobierno de Dina Boluarte que deroguen la ley pro crimen pues sostiene que eso solo beneficia al delicuente y dificulta el proceso de allanamiento.
Previo al inicio del debate del proyecto de ley de la inicialmente llamado 'terrorismo urbano', se anunció que se cambió el nombre a proyecto de ley contra la criminalidad sistemática. Ya en el debate del Pleno, el congresista Roberto Chiabra, de Alianza para el Progreso, alegó que el proyecto de ley debe mencionar los delitos de extorsión, sicariato y otros, como un "acto terrorista", omitiendo que para que sea considerado con esa denominación debe tener un fin político.
Uno de los hecho más insólitos ocurrió cuando el congresista Juan Burgos reveló que el parlamentario Héctor Acuña viene siendo extorsionado, hasta el punto que le han dejado una granada fuera del colegio de su propiedad, en Trujillo.
Por otra parte, la congresista Susel Paredes mostró su desacuerdo con la promulgación de esta ley: "Es un absurdo desde su nombre. Es puro populismo para llamar la atención. El terrorismo está relacionado con objetivos políticos y esto es crimen organizado", expresó.
