La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) rechaza los proyectos de ley dictado por el Congreso a favor de la delincuencia y denuncian el quiebre del sistema democrático por la pretensión de uno de los poderes estatales de intervenir en en fueros que gozan de independencia funcional por mandato constitucional.
A través de un comunicado público los jueces indican que “como parte de su plan de sojuzgar al sistema de justicia”, el Congreso “va a someter a debate en el pleno el Proyecto de Ley No. 1192/2023 y otros que modifica la Ley de Carrera Judicial, Ley de Carrera Fiscal y el Código Penal”.
Dichas modificaciones, advierten, establecerán sanciones penales a los jueces y juezas que dicten medidas de detención preliminar o de prisión preventiva e incluso sentencia condenatoria cuando su decisión sea revocada por la instancia superior, como también sanciones a fiscales que soliciten dichas medidas u obtengan una sentencia condenatoria, si éstas fueran revocadas.
Además, se establecería “la imposición de una multa por cada día de detención de una persona imputada de algún delito, la que alcanzará tanto al juez, jueza, fiscal, efectivos policiales y funcionarios administrativos”.
Los jueces también informa que se propone modificar el artículo 418 del Código Penal para sancionar con pena entre 10 a 15 años al delito de prevaricato. Además, se pretende inhabilitar al juez o jueza que dicte medida de detención preliminar o prisión preventiva contra algún imputado, o al fiscal que lo solicite, cuando se hayan basado en “declaraciones o testimoniales no corroboradas”.
Dicha frase, "declaraciones o testimoniales no corroboradas”, por su alto nivel de subjetividad busca intimidar y restarle mérito a las declaraciones de colaboradores eficaces y testigos, a fin de restringir su valor probatorio y “favorecer la impunidad de los corruptos y demás delincuentes”.
La Asociación de jueces subraya que los citados proyectos de ley, que ya fueron aprobados por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, atentan contra la independencia judicial que está garantizada en el artículo 139 inciso 2 de la Constitución.
Anotan que estas normas solo favorecen a la delincuencia y la corrupción que está desangrando al país. “Se pretende proteger a quienes delinquen amenazando con pena de cárcel a los jueces o juezas que dicten medidas restrictivas de la libertad y a los fiscales que las soliciten”, subraya la Asociación.
“Es evidente, enfatizan, que lo que pretende este Congreso, en cuyo seno más de la mitad de los congresistas tienen carpetas fiscales abiertas por la presunta comisión de delitos de organización criminal y otros, es blindar a sus miembros debilitando el sistema de justicia", afectando los valores democráticos y la separación de poderes.
JUSDEM hizo un llamado a la Comunidad Internacional para que tome conocimiento de que en el Perú se pretende perseguir a jueces, juezas y fiscales por ejercer sus funciones, de administrar justicia.
A la vez invocan a los jueces, juezas y fiscales penales a nivel nacional a seguir cumpliendo con valentía y criterio independiente su delicado trabajo de sancionar al que delinque.
