La premura del Congreso para agilizar propuestas de ley es selectiva. Mientras se dilata el debate sobre una norma contra el incremento de la delincuencia en el país, ocho agrupaciones políticas agilizan una contrarreforma que empoderará a esta institución y debilitará el sistema judicial.
El jueves 3 de octubre, a las 6:04 de la tarde, antes que inicie el debate de la ley sobre terrorismo urbano en el Pleno, la Junta de Portavoces aprobó incluir en la agenda del hemiciclo la discusión de un dictamen que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional.
El acuerdo lleva las firmas de los voceros de Fuerza Popular (FP), Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular, Bloque Magisterial, Somos Perú y Honor y Democracia.
Se trata de una ley que reduce a 4 los votos necesarios para que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva procesos de demanda competencial. Y la semana que viene dos fechas coinciden con esta maniobra.
El dictamen sería discutido el miércoles 9 en el Pleno. Dos días después habrá una audiencia en el TC por la demanda competencial que interpuso el Parlamento contra el Poder Judicial (PJ) por la restitución de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez e Inés Tello.
Luego de eso, el TC tomará una decisión. La ley del fujimorismo y sus aliados le permitirá resolver el conflicto con 4 votos.
Pero no es el único cambio. El dictamen estipula que los jueces no pueden tramitar demandas de amparo contra decisiones tomadas en el Congreso como parte de su control político. Eso incluye las acusaciones constitucionales.
En junio del 2023 el Congreso aprobó una denuncia constitución que inhabilitó a la fiscal Zoraida Ávalos. Tras una demanda de amparo, Ávalos fue restituida. En marzo de este año, Tello y Vásquez fuerondestituidos y también, mediante un amparo, lograron regresar a la JNJ.
La ley sobre el NCPC busca evitar que esa historia se repita en otros casos volviendo irreversibles las acusaciones del Congreso en el sistema judicial.
Mientras eso, la discusión sobre cómo endurecer las penas contra la delincuencia ha quedado entrampada. La derogatoria de la Ley 32108 pro crimen organizado ha pasado al olvido.
El fujimorismo y sus aliados de derecha han cerrado filas a favor de que la salida pasa por aprobar una norma que tipifique el delito de terrorismo urbano. El cerronismo, en cambio, apuesta por una sobre criminalidad sistemática. Ninguna ha logrado consenso en las bancadas.
Desde el jueves, el dictamen sobre terrorismo urbano se encuentra en un cuarto intermedio (receso) para que el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita (Perú Libre), modifique el texto. Mita no sabe cuándo estará listo. “Estamos viendo un plazo prudencial porque es una cosa muy seria”, dijo.
Todavía no ha sido acumulado el proyecto del Ejecutivo sobre terrorismo urbano que plantea que los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) que sean denunciados por su accionar en estados de emergencia sean procesados en el fuero militar.
La primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Patricia Juárez (Fuerza Popular), respondió que esa iniciativa primero será vista en las comisiones de Defensa y Justicia. El 10 de octubre habría un paro de transportistas ante la inacción del Legislativo. La fujimorista Juárez dice que sus colegas no pueden sacar normas “frente a una presión de un grupo”.
