El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó la reciente decisión del Tribunal Constitucional de Perú que levanta el secreto de las comunicaciones de la periodista Paola Ugaz, argumentando que esta medida pone en riesgo la libertad de prensa en el país. El fallo está relacionado con la demanda por lavado de dinero presentada contra ella en 2021.
"El CPJ está sumamente preocupado por los años de acoso judicial que Paola Ugáz ha soportado desde que ella y Pedro Salinas comenzaron a investigar una organización religiosa en Perú en 2010", señalo la coordinadora del Programa de América Latina del CPJ, Cristina Zahar.
El CPJ considera que esta medida establece un peligroso precedente para la protección de los derechos de los periodistas. La organización ha hecho un llamado a las autoridades peruanas para que respeten la confidencialidad de las fuentes periodísticas, señalando que la privacidad de las comunicaciones es un pilar fundamental en la investigación periodística. Además, el CPJ advierte que esta acción podría desalentar a otros periodistas de llevar a cabo investigaciones similares por miedo a ser perseguidos.
Asimismo, subraya que la protección de la privacidad de los periodistas es crucial para una prensa libre y una democracia funcional. La intervención estatal en las comunicaciones de los reporteros puede generar un ambiente de autocensura, por eso el CPJ insta al gobierno de Perú y a su sistema judicial a revertir esta decisión y a garantizar que los periodistas puedan continuar su trabajo sin temor a represalias o invasiones a su privacidad.
El portal Epicentro TV, reveló que el Ministerio Público especula sobre la solicitud de levantar el secreto de las comunicaciones del periodista Gustavo Gorriti, una medida que se relaciona con la investigación sobre el caso Lava Jato y los Cuellos Blancos. La fiscalía argumentó que esta acción es esencial para obtener pruebas que esclarezcan la participación de personas vinculadas a esta red de corrupción.
Este caso se enmarca en la lucha contra la corrupción en altos niveles del sistema judicial y político en Perú. La fiscalía busca investigar a fondo las comunicaciones de Gorriti para establecer si hubo nexos o comunicaciones relevantes con personajes investigados en el caso. Sin embargo, la medida ha generado controversia debido a las implicaciones sobre la libertad de prensa.
Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, ha sido un crítico constante del poder judicial y su rol en casos de corrupción como Lava Jato. La solicitud del Ministerio Público ha levantado preocupaciones entre defensores de la libertad de prensa, quienes señalan que se trata de un intento de intimidar a periodistas que investigan la corrupción.
Diversos sectores de la sociedad civil y organismos internacionales han manifestado su preocupación, argumentando que esta solicitud podría sentar un precedente peligroso para el ejercicio del periodismo en Perú. Gorriti y su equipo han sido responsables de revelar importantes detalles sobre la corrupción en el país.
