El Poder Ejecutivo introdujo una cuestionable medida dentro del proyecto de ley que busca introducir el delito de terrorismo urbano, ya que pretenden sancionar a aquellas personas que ejerzan su libre derecho a la protesta.
"El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años", se detalla en el proyecto de ley.
Según esta nueva medida, se podría sancionar con hasta quince años de prisión a las personas que cometan actos contra el libre tránsito de la ciudadanía o interfieran con el funcionamiento de los servicios públicos. El Congreso consideraría estas acciones, similares a situaciones recientes que impactaron al país, como un intento de aprovechamiento.
El Ejecutivo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, remitió el oficio N.º 290-2024-PR al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, junto con el proyecto de ley que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N.º 635.
Esta modificación tiene por objeto cambiar los artículos 108-C, 108-D y 200, además de incorporar el artículo 315-O al Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N.º 635. El Congreso señaló, mediante oficio, que esta modificación fortalecería las acciones de lucha contra la inseguridad ciudadana.
El Pleno del Congreso discutirá el jueves 3 de octubre el dictamen de los proyectos de ley 5525, 5838, 5969, 5972, 6014, 6051, 6206, 6842, 6912, 6972, 7179, 7761, 7774, 8029, 8043, 8051 y 8061, que proponen incluir el delito de terrorismo urbano en el Código Penal, Decreto Legislativo 635, en respuesta al aumento de la inseguridad ciudadana en el país. Sin embargo, expertos coinciden en que esta iniciativa es motivada por el populismo y no generaría un cambio real en la situación actual.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte busca implementar nuevas medidas en las declaratorias de estado de emergencia, de modo que, durante dichas situaciones, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú denunciados por actos realizados en el cumplimiento de sus funciones sean investigados o procesados, según corresponda.
La congresista de la bancada Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, se pronunció sobre el proyecto de ley de terrorismo urbano, considerándolo un plan ineficiente para la seguridad ciudadana, ya que, según la congresista, solo estarían pensando en Lima. “Es un método de intervención militar, los grupos que quieren llegar al poder. No sirve para estrategia de seguridad ciudadana y crimen organizado. Están pensando solo en Lima”, sostuvo para los medios.
