El abogado Humberto Abanto Verástegui propuso al Poder Judicial archivar de forma definitiva la investigación que sigue en su contra, desde abril de 2018, el Equipo Especial de fiscales del caso Lava Jato en el proceso denominado 'Los árbitros de Odebrecht'.
Humberto Abanto Verástegui sustenta su solicitud, que ingresó al Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en la reciente ley 32,108, publicada el 9 de agosto de 2024, que al modificar el Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley 30,007 contra el Crimen Organizado, estableció una serie de nuevos parámetros que deberán tener en cuenta los fiscales y jueces para establecer la existencia de una organización criminal.
El abogado considera que al día de hoy, con la vigencia de dicha Ley, los supuestos hechos de asociación ilícita (organización criminal) que la fiscalía le atribuye desde hace seis años y medio, no constituyen delito por lo que debe archivarse la imputación por esta figura penal.
Si el Poder Judicial acoge su solicitud, en un recurso jurídico que tiene por nombre 'excepción de improcedencia de acción', la investigación en su contra continuará solo por los delitos de presunto cohecho (soborno) y lavado de activos. Además, una decisión favorable, alcanzaría a todos los procesados en el caso 'Los Árbitros de Odebrecht'.
En base a la Ley 32,108, Humberto Abanto sostiene que en el caso de 'Los Árbitros de Odebrecht' se aprecia la: i) ausencia de los elementos normativo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa; y ii) ausencia del elemento de intención consistente en el fin de obtener, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal".
Para resolver dicha solicitud, el juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz convocó a una audiencia virtual para el próximo, lunes, 14 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, a fin de que las partes: el abogado, la fiscalía y la procuraduria, expongan sus argumentos a favor y en contra. Abanto Verástegui ejercerá auto defensa.
"Respecto a la oralización de la solicitud debe efectuarse en una audiencia garantizando los principios de publicidad y contradictorio como muestra de un debido proceso que constituye la garantía constitucional del numeral 5 del artículo 139° de la Constitución Política, y al tener alcances sobre la competencia judicial la presente solicitud para otros casos a resolver, debe ser atendido con prontitud en muestra del principio del Stare Decisis (predictibilidad), señalando día y hora para su debate y respuesta de este Juzgado Nacional", precisó el juzgado.
En base a la declaración del colaborador eficaz N° 508-2019 y los ex funcionarios de la constructora brasileña, Fernando Llanos y Ronny Loor Campoverde, el Equipo Especial Lava Jato atribuye a 16 árbitros legales, haber solicitado y recibidos sobornos de Odebrecht de forma indirecta, es decir, al cobrar un elevado honorario arbitral o vía "bonos de éxito".
Humberto Abanto participó en tres procesos arbitrales los años 2010, 2011 y 2012. "Yo solo cobré los honorarios profesionales que corresponden a un árbitro legal. Además, en los primeros dos arbitrajes, el honorario fue fijado por la Cámara de Comercio de Lima", respondió el abogado, ante las sospechas de la fiscalía.
Jorge Barata, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, declaró que no hay registro de pagos ilícitos a árbitros en los archivos del sector de operaciones estructuradas.
La investigación a los denominados 'Árbitros de Odebrecht' comenzó el año 2017. Abanto fue incluido, el 2018. En octubre de 2019, el fiscal German Juárez llegó a solicitar prisión preventiva para 16 árbitros al considerar que tenía fundados "elementos de convicción" que daban la certeza al 99.9% de una sentencia condenatoria.
Sin embargo, después de siete años, el caso sigue en investigación preparatoria. Los involucrados han planteado un control de plazo al Poder Judicial lo que está pendiente de audiencia. La defensa de los árbitros plantea que la investigación concluyó en octubre de 2022.
Hasta hoy, el juez Chávez Tamariz ha dado dos respuestas negativas a sendos pedidos de aplicar la Ley 32,108. En los casos de los hermanos Vladimir Cerrón Rojas y el congresista Waldemar Cerrón Rojas, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y su chófer José Luis Bernaola Ñuflo, el magistrado concluyó que la referida modificación legal tiene una definición ambigua y sin desarrollo técnico de lo que significa "control de la cadena de valor en un mercado ilegal".
Dada esa falta de desarrollo técnico, el juez consideró obligatorio interpretarla y acudir a los pactos internacionales, como la Convención de Palermo, y la jurisprudencia internacional, en especial, la Ley RICO de Estados Unidos, para encontrar el significado de 'control de cadena de valor' y 'mercado ilegal', para permitir que el Ministerio Público continúe adelante con las investigaciones.
Otra cosa, ha precisado el juez Chávez Tamariz, es que los fiscales logren demostrar la existencia de una organización criminal, lo que se verá en su oportunidad, en la acusación y el eventual juicio público, donde se revisen y evalúen las pruebas.
Está pendiente un pronunciamiento del magistrado respecto al caso del congresista José Luna Gálvez, que también pide aplicar la Ley 32,108, pero con diferentes argumentos que los procesos ya resueltos: el abogado de Luna Gálvez, Rommel Macedo planteó que en la administración estatal no puede existir una organización criminal, pues la función pública no tiene fines lucrativos.
Además, en este caso, por iniciativa propia, la fiscal provincial Sara del Carmen Francia Cabrera adecuó la investigación a la nueva norma.
Humberto Abanto es actualmente defensor legal del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima en el caso de las joyas "prestadas" a la presidenta Dina Boluarte y, además, participa en el mediático juicio del caso Cócteles, como defensor de Jaime Yoshiyama Tanaka , entre otros casos de interés público.
