La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció este miércoles que fue destituida de su cargo por órdenes del Ministerio Público, luego de haber emitido una orden de captura contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) en el marco de una investigación por presunta trata y tráfico de personas. Gutiérrez afirmó que su destitución está directamente relacionada con esta decisión y acusó a la alta dirección del Ministerio Público de frenar el proceso judicial contra Morales.
En total, cinco juicios habrían sido iniciados contra el expresidente Evo Morales, incluyendo uno en El Alto, dos en La Paz, uno en Trinidad, Beni, y otro en Tarija. La mayoría de estos procesos surgieron tras la marcha que Morales lideró del 17 al 23 de septiembre. En el caso más reciente, en la ciudad de Tarija, se emitió una resolución fiscal de aprehensión en su contra, según denunció el exministro Carlos Romero. Aproximadamente una hora después, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, declaró que fue removida de su cargo en relación con este caso.
Según la información procedente de Tarija, el caso involucra acusaciones de estupro y trata de personas en el que el principal acusado es el expresidente Evo Morales. Este proceso fue iniciado de oficio, según indicó el exministro Carlos Romero. Además, Romero detalló que en un plazo de solo dos horas se organizó todo, incluyendo un informe de Inteligencia de la Policía, una imputación formal y la emisión de una resolución de aprehensión.
Poco después de la conferencia del exministro Carlos Romero, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, realizó una rueda de prensa en la que confirmó la existencia de un caso de trata de personas y estupro, en el que se menciona al expresidente Evo Morales involucrando a una menor de edad.
El Gobierno de Argentina anunció este miércoles que ha retirado el estatus de refugiado al expresidente de Bolivia, Evo Morales, que había disfrutado desde diciembre de 2019. Según fuentes oficiales, el Ministerio de Justicia de Argentina emitió un comunicado en el que se informaba que "cesó el estatus de refugiado otorgado al expresidente boliviano Juan Evo Morales Ayma".
El gobierno del presidente Javier Milei argumentó que Morales utilizó "indebidamente como herramienta política" dicho estatus, el cual fue concedido por el expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023), sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley argentina de reconocimiento y protección a los refugiados.
