La Comisión Europea propuso este miércoles aplazar por un año la aplicación de la controvertida ley sobre deforestación, después de la fuerte presión ejercida por importantes aliados comerciales de la talla de Brasil.
La legislación, que veta en la UE la importación de productos que generen deforestación, debería entrar en vigor en diciembre de este año, pero los plazos y las exigencias del proyecto provocaron severos cuestionamientos.
"Teniendo en cuenta los comentarios recibidos por socios internacionales sobre el estado de sus preparativos, la Comisión (...) propone dar a las partes interesadas tiempo adicional para prepararse", anunció la institución en un comunicado.
En septiembre, Brasil presentó formalmente al comisario europeo de Agricultura, Januz Wojciechowski, un pedido en favor de un aplazamiento para la entrada en vigor de la ley, iniciativa que recibió el apoyo de Alemania, la locomotora económica de la UE.
En su comunicado divulgado este miércoles, la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, propuso que la controvertida ley entre en vigor el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas, y en julio de 2026 para las PYMES.
"Dado que todas las herramientas de implementación están técnicamente listas, los 12 meses adicionales pueden servir como un período de introducción gradual para garantizar una implementación adecuada y efectiva", afirmó la Comisión.
Este aplazamiento deberá ahora ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.
De acuerdo con la Comisión, la propuesta anunciada este miércoles "no pone en duda en modo alguno los objetivos ni el contenido de la ley".
"Varios socios globales han expresado repetidamente su preocupación por su estado de preparación, más recientemente durante la semana de la Asamblea General de la ONU", indicó la institución en su comunicado.
Además, admitió, "el estado de los preparativos entre las partes interesadas en Europa también es desigual".
De acuerdo con la oenegé Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), las importaciones de la UE son responsables del 16% de la deforestación mundial.
En respuesta a esos datos, el bloque adoptó la controvertida ley -conocida por sus siglas EUDR- para vetar el ingreso de productos que generen deforestación.
Sin embargo, después de que Brasil presentó su pedido formal, Alemania sumó su apoyo a la idea, alegando que "las empresas necesitan tiempo para prepararse".
La postura alemana fue anunciada por el ministro de Agricultura, Cem Ozdemir, un representante del partido de los Verdes en la política germana.
Apenas un día antes, el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, admitió que había sugerido a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, postergar la implementación de la ley "hasta que se aclaren las cuestiones abiertas".
En junio, Estados Unidos también pidió a la UE postergar la implementación de la ley, que suscita igualmente preocupaciones por parte de países africanos y asiáticos.
Ya en septiembre de 2023, un grupo de 17 países (11 latinoamericanos, tres asiáticos y tres africanos) advirtió a la UE sobre los efectos de la normativa.
Grupos medioambientales se oponen a que la implementación de la ley sea pospuesta.
"La UE cede al lobby del agro", afirmó el brasileño Observatório do Clima, una red de organizaciones ambientalistas y de investigación, que denunció la propuesta de la Comisión como un "retroceso vergonzoso" que pone en riesgo la reducción de la deforestación y la integridad de tierras indígenas.
"En un momento en que Suramérica se tuesta bajo el efecto de la peor sequía en décadas y Brasil es consumido por incendios, Europa renuncia deliberadamente a un instrumento que podría ayudar a reducir la presión sobre los ecosistemas naturales y las emisiones de dióxido de carbono por la deforestación", señaló en un comunicado.
Para Julian Oram, director de política de la oenegé Mighty Hearth, la iniciativa de la Comisión es una "traición a las generaciones presentes y futuras de ciudadanos de la UE".
Postergar la legislación "es un acto de vandalismo contra la naturaleza que sólo servirá para impulsar una mayor destrucción industrial de los bosques tropicales", agregó.
En tanto, Luciana Tellez Chávez, investigadora de Medio Ambiente y Derechos Humanos de Human Rights Watch (HRW), apuntó que la iniciativa "contradice el compromiso de la UE en virtud de la Declaración de Glasgow de 2021 de poner fin a la pérdida de bosques".
