La Comisión Europea propuso este miércoles aplazar un año la aplicación de la controvertida ley sobre deforestación, que debía entrar en vigor a fines de 2024 y fue muy criticada por importantes aliados comerciales del bloque, entre ellos Brasil.
"Teniendo en cuenta los comentarios recibidos por socios internacionales sobre el estado de sus preparativos, la Comisión también propone dar a las partes interesadas tiempo adicional para prepararse", anunció la institución en un comunicado.
La legislación veta en la UE la importación de productos que generen deforestación, pero un elevado número de aliados comerciales del bloque europeo cuestionan la complicada logística que impone a los países exportadores.
En septiembre, Brasil presentó formalmente al comisario europeo de Agricultura, Januz Wojciechowski, un pedido en favor de un aplazamiento en la entrada en vigor de la ley, iniciativa que recibió el apoyo de Alemania, la locomotora económica de la UE.
En un comunicado divulgado este miércoles, la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, propuso que la controvertida ley entre en vigor el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas, y en julio de 2026 para las PYMES.
"Dado que todas las herramientas de implementación están técnicamente listas, los 12 meses adicionales pueden servir como un período de introducción gradual para garantizar una implementación adecuada y efectiva", afirmó la Comisión.
"Varios socios globales han expresado repetidamente su preocupación por su estado de preparación, más recientemente durante la semana de la Asamblea General de la ONU", agregó la institución en su comunicado.
Además, admitió, "el estado de los preparativos entre las partes interesadas en Europa también es desigual".
De acuerdo con la oenegé Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), las importaciones de la UE son responsables del 16% de la deforestación mundial.
En respuesta a esos datos, el bloque adoptó la controvertida ley -conocida por sus siglas EUDR- para vetar el ingreso de productos que generen deforestación.
En junio, Estados Unidos también pidió a la UE postergar la implementación de la ley, que suscita igualmente preocupaciones por parte de países africanos y asiáticos.
Ya en septiembre de 2023, un grupo de 17 países (11 latinoamericanos, tres asiáticos y tres africanos) advirtió a la UE sobre los efectos de la normativa.
Grupos medioambientales europeos se oponen a que la implementación de la ley sea pospuesta.
