Los pasos y contrapasos del Mincul en relación con el Archivo General de la Nación no dejan en claro cuál es el destino que correrá el enorme patrimonio documental del país, amenazado con el traslado a un local que no reúne las condiciones mínimas para guarecerlo de robos y de las malas condiciones climáticas.
Los historiadores, bibliotecarios y exdirectores del archivo han mantenido una férrea vigilancia alrededor de las instalaciones ubicadas en el Palacio de Justicia para evitar el traslado intempestivo, pese a que se ha dado trámite a una medida cautelar ante la inminente reubicación de la memoria documental del país.
También en el Ministerio de Cultura se han propuesto una serie de medidas para garantizar plenamente la conservación y cuidado de los bienes ubicados en la sede de Palacio de Justicia. Entre ellas, la remoción del jefe institucional y la creación de un grupo de trabajo que establezca las estrategias y acciones a seguir para proteger y preservar el patrimonio documental que pertenece a todos los peruanos.
Ricardo Moreau, el defenestrado jefe del AGN, ya había actuado de facto al trasladar parte del acervo histórico al local transitorio ubicado en el Callao durante el fin de semana. Informaciones provenientes de los ciudadanos vigilantes apostados en las inmediaciones del AGN advirtieron sobre el movimiento irregular de cajas que contendrían parte de la documentación que constituye la memoria de la nación. Se trataba, según justificó la institución, de una capacitación a los trabajadores para el traslado de las 400 cajas en las que ya estarían embalados los documentos. Por esta razón, Moreau fue denunciado por la presunta comisión de delitos de destrucción, alteración y extracción del patrimonio cultural de la nación, además de omisión de los deberes que corresponden a funcionarios públicos. En medio de versiones encontradas y ante el escándalo creciente por una acción temeraria del exjefe de la institución, se teme que el daño provocado sea a estas alturas irremediable.
