Luego de 40 años de espera alcanzaron justicia los familiares del corresponsal de La República, Jaime Ayala Sulca, y más de 60 personas de la provincia ayacuchana de Huanta secuestradas, sometidas a desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales por parte de efectivos de la Marina.
La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora transitoria condenó a 18 años de prisión como autor mediato a quien fue jefe del comando político militar Alberto Rivero Valdeavellano de Huanta y La Mar entre julio y agosto de 1984, cuando se cometieron las violaciones de derechos humanos. Y declararon en reserva el fallo sobre Augusto Gabilondo García del barco, quien fue jefe de la base de Huanta.
El tribunal sentenció al marino en situación de retiro considerándolo responsable del "delito contra la vida, cuerpo y la salud, asesinato con alevosía", en agravio de seis evangélicos de Callqui, comuneros de Culluchaca y pobladores de Huanta; y del delito de desaparición forzada del periodista Jaime Ayala, Rigoberto Tenorio Roca, Yuri Agama, Ayala, entre otras personas.
Asimismo, aclara que las víctimas no tenían ninguna vinculación con las agrupaciones terroristas y que eran personas a quienes les recortaron su derecho y proyecto de vida.
Gloria Cano, abogada de los comuneros de Culluchaca y varios pobladores de Huanta, destaca que los familiares han desplegado una dura batalla a fin de obtener justicia. "Tuvieron que reabrirse procesos cerrados en el fuero militar y hoy se dictó sentencia contra el acusado de Alberto Rivero Valdeavellano, habiéndose acreditado su presencia como jefe político militar del área de seguridad nacional de Huanta en 1984 lo que le da un conocimiento y control de lo que ocurría en dicha localidad", indicó.
Agregó que en su momento se hizo una investigación que contaba con la complicidad de altos mandos de la Marina, ya que solo así se puede explicar la impunidad para Álvaro Artaza Adriazén, "el comandante Camión", quien era jefe del destacamento de Huanta y La Mar, y a quien muchos responsabilizaron como autor directo de los secuestros y desapariciones.
Los jueces desestimaron el pedido de Gabilondo García del Barco de aplicar la prescripción de los delitos, por el control de la convencionalidad y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y declaran la ley de impunidad incompatible también por control de constitucionalidad.
Consideraron que el caso de Huanta se dio en el contexto de un delito de lesa humanidad por la forma en que se produjeron los secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones. Precisaron que este delito no nace con el Estatuto de Roma sino con los juicios de Nuremberg.
