El presidente ejecutivo de Osiptel, Rafael Muente, ha acusado al primer ministro, Gustavo Adrianzén, de suspenderlo por una "probada animadversión", alegando que esta enemistad se remonta a 2005. Según Muente, su suspensión de 365 días fue consecuencia de motivos personales, no de hechos objetivos.
En un pronunciamiento público, Muente denunció que el proceso administrativo en su contra excedió los plazos legales y violó el debido proceso. Además, afirmó que Adrianzén no debió participar en la decisión por falta de imparcialidad, debido a la mencionada animadversión.
Tras la suspensión impuesta por Adrianzén, Muente señaló que esta fue impulsada por una enemistad personal, en lugar de evidencias objetivas. Según Muente, la relación entre ambos ha sido conflictiva por casi una década, lo que influyó en el resultado del proceso. En su defensa, el presidente de Osiptel aseguró haber mantenido altos estándares de ética profesional y se comprometió a llevar su caso a las instancias legales correspondientes.
La suspensión de Muente tiene su origen en un reportaje que reveló que Osiptel financió un curso de posgrado en España por S/57,250. Muente defendió su derecho a la capacitación, afirmando que el gasto fue completamente legal y aprobado conforme a los procedimientos establecidos. El proceso administrativo se basó en la "Contratación directa 002-2022/OSIPTEL", que autorizó su participación en un Programa de Alta Dirección (PAD) en solo 14 días hábiles.
La Contraloría General de la República también ha seguido de cerca el caso. Aunque aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, en su momento comunicó a Servir que no encontró irregularidades en la solicitud del posgrado financiado por Osiptel. Muente reafirmó en su comunicado que la contratación de dicha capacitación cumplió con todos los procedimientos legales.
Osiptel (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones) es una entidad pública peruana encargada de regular, supervisar y fiscalizar el funcionamiento del mercado de telecomunicaciones en el país. Su principal función es garantizar que los servicios de telecomunicaciones, como telefonía, internet y televisión por cable, se ofrezcan de manera eficiente, con calidad y en condiciones de competencia justa entre los proveedores. Además, busca proteger los derechos de los usuarios y promover el acceso universal a estos servicios.
