Aún permanece la posibilidad de que el transporte público se detenga a nivel nacional durante la primera semana de octubre. Los sindicatos de este sector expresan su preocupación por la falta de presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de Lima, lo que podría llevarlos a tomar la decisión de paralizar el servicio en las próximas horas.
Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) señaló en una entrevista para Exitosa que el gobierno no estaría cumpliendo con lo acordado con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a pesar de la declaración del estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao para combatir las extorsiones.
Según Valeriano, portavoz de los transportistas, la disposición de despliegue militar para apoyar el control del orden interno en la capital peruana no se estaría cumpliendo de manera adecuada. "El ministro ha dado un anuncio de sacar a las Fuerzas Armadas, pero, hasta el momento, parece que es un engaño lo que está pasando. Parece que todo ha sido de alguna manera para suspender esta medida de fuerza".
Cabe recordar que Anitra, compuesto por más de 50 empresas de transporte, decidió dar una tregua al Gobierno tras el anuncio de medidas para frenar la creciente ola de extorsiones y asesinatos que afecta al sector.
Ellos esperan obtener resultados inmediatos. Sin embargo, el gremio de transportistas, que engloba a conductores, cobradores y propietarios de flotas, aún se encuentra en incertidumbre al no percibir una presencia efectiva de uniformados en las calles.
Valeriano mencionó que están a la espera de la derogación de la Ley 32108, la cual modifica la definición de organización criminal, lo que, según explica, debilita el sistema judicial y es aprovechado por los criminales. En caso de que no se cumpla esta solicitud, se tomarán medidas de fuerza en Lima, Callao y a nivel nacional para impulsar la derogación de esta ley.
Él acción se considera necesaria esta acción, debido a que dicha ley está generando obstáculos en la claridad de los procesos judiciales. En este sentido, "el Ministerio Público se ve limitado para detener a los delincuentes y llevar a cabo su procesamiento de manera efectiva", sostuvo.
Asimismo, el dirigente remarcó la urgencia de promover la ley que tipifica el terrorismo urbano y que se endurezcan las sanciones contra bandas criminales y extorsionadores.
El 23 de setiembre, se inició el primer paro de transportistas que paralizó las calles de Lima y Callao, afectando el tránsito en Puente Piedra. Estas manifestaciones se debieron por las extorsiones que diversas empresas de transporte urbano en Lima vienen sufriendo.
Luego, el jueves 26 de septiembre se realizó un paro masivo de transportistas, lo cual afectó a miles de transportistas. La manifestación llegó hasta el frontis del Congreso. Ante esto, el gobierno decretó el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, como parte de las medidas para combatir la delincuencia.
