La violencia que golpea a diario al estado Guerrero (sur), sea en ciudades o el campo, es favorecida por los nexos entre criminales y autoridades locales, uno de los mayores desafíos para Claudia Sheinbaum, que el 1 de octubre asume la presidencia de México.
A mediados de septiembre, en Acapulco, la capital turística del Pacífico mexicano, una balacera en un bar frente al mar dejó dos heridos. Una cabeza humana había sido abandonada en el mismo lugar en agosto.
Un encargado del lugar evade responder preguntas hechas por mensajería, pero la hipótesis en este tipo de casos es que el establecimiento se ha negado a pagar el "derecho de piso" a las bandas criminales de la zona.
La violencia azota al popular barrio de El Progreso, vecino de la costera y uno de los más inseguros del puerto.
Días atrás, un hombre fue asesinado en una zapatería, cuenta un vecino. "Pasa todos los días", dice.
Un diario local titulaba el 10 de septiembre "Seis asesinatos en Acapulco", aunque sin nombrar a los dos cárteles locales que se disputan el mercado de las extorsiones y la droga.
En un cuartel de la policía municipal, en el centro de El Progreso, hay una celebración: bajo el inclemente sol, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, entrega uniformes nuevos a los agentes.
En su discurso, se congratula de que recién pagaron la primera mitad del aguinaldo, sin mencionar el tema de la violencia.
"Acapulco es un paraíso", responde a la AFP la alcaldesa, abogada de profesión y quien confía en que "la paz se construye desde el corazón".
"Hay que seguir trabajando en generar mejores oportunidades a nuestras policías, mejores oportunidades a la sociedad", añade.
La corrupción, sostiene un colaborador fuera de micrófonos, radica en otros niveles del gobierno.
"Por supuesto", responde Eduardo Bailleres Mendoza, el nuevo secretario de Seguridad local, a preguntas de si los policías municipales pueden ser infiltrados por el crimen.
El exmilitar quiere someter a los agentes de la policía municipal a pruebas antidoping para evitar que sean "víctimas del uso de sustancias toxicas" y, en consecuencia, se empiecen a relacionar con traficantes.
Un policía gana unos 14.000 pesos (710 dólares) mensuales, añade.
Acapulco esperaba ansioso la llegada de turistas en el feriado de septiembre por las fiestas de Independencia, el primero luego de que el puerto fue devastado en octubre de 2023 por el huracán Otis y de algunos episodios violentos.
En la vecina localidad de Coyuca de Benítez un candidato a alcalde fue asesinado la víspera de la elección del 2 de junio pasado.
A unos 150 km al norte, los pobladores de Santa Rosa de Lima dicen vivir bajo el acecho de La Familia Michoacana, una banda surgida en el vecino estado del mismo nombre.
Esta célula criminal ha lanzado ataques con drones contra las comunidades que se resisten a ser extorsionadas.
"El 21 uno de abril, aventaron bombas, más de 20. Se nos incendiaron muchos hectáreas de bosques", explica Azucena Rosas García, de un ejido llamado San Antonio Texas, enclavado en la montaña.
García muestra imágenes que, asegura, encontró en una tarjeta de memoria de un dron derribado. Los investigadores de la Fiscalía no llegaron hasta agosto, asegura.
De repente, una camioneta roja pasa con hombres armados. Son las "auto-defensas", los grupos de civiles que han decidido hacerse cargo de la seguridad, explica Víctor Espino, coordinador de comisarios de las comunidades.
Reconoce que él mismo ha sido detenido por la policía por portar armas. "Cuando les conviene, si hay ley. Cuando no les conviene, pues no la aplican", dice el dirigente local y que se dedica también al cultivo de aguacate.
"No nos defienden, ni nos dejan defendernos", lamenta.
Según cifras oficiales, suman casi 200.000 asesinatos en los seis años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien apostó por la política de "abrazos, no balazo", con programas sociales para jóvenes a fin de evitar que sean reclutados por el crimen.
Sheinbaum, del mismo partido que el mandatario saliente, se ha comprometido a mantener esa estrategia, reforzando sin embargo la coordinación entre las fuerzas del orden y la fiscalía general.
En Sinaloa (noroeste) la violencia por las pugnas entre cárteles también se recrudece desde el 9 de septiembre cobrando las vida de decenas de personas.
