Ayer, un mitin convocado para protestar contra el avance incontenible de los incendios forestales, en lo que se calcula como la peor temporada de estos siniestros en América, y en especial el Perú, fue dispersado por la policía bajo el argumento de que se han prohibido todos los encuentros políticos en ese lugar.
Es un hecho inaudito porque se desconoce esa prohibición expresa. Pero, adicionalmente, porque se trata de un tema de preocupación nacional que no tiene cómo expresarse desde la ciudadanía. Estos canales han sido cerrados por el poder político y existen consecuencias visibles, que van más allá de la falsa conversación que ofrecen las redes sociales y que, al negarse, afectan directamente la relación entre los gobernados y el/la gobernante.
El drama de los incendios es un buen ejemplo. El país literalmente arde. En muchos lugares, el aire se torna irrespirable y se pueden apreciar varias ciudades del interior con cielos cubiertos de humareda, proveniente de los árboles, pastíos y áreas de cultivo que están en llamas.
Ha ocurrido un fenómeno que es cíclico, pero esta vez agravado con una temperatura inusual, poca lluvia, ríos secos y abandono estatal. La combinación letal que ha afectado a 22 regiones, en las que han ocurrido 222 incendios. Hasta el momento, se consignan aún 51 focos activos. La muerte de 10 personas, numerosos heridos, 2.000 afectados y animales muertos son el resultado de este abandono, que provoca la protesta de los ciudadanos y el clamor de los perjudicados.
¿Cuál es la respuesta necesaria? Una acción multisectorial que atienda la salud de las personas contaminadas por el humo, las medidas de emergencia urgentes que preserven la vida humana, el alimento, refugio para los animales, etc.
La acción distractiva tiene un plazo de efectividad breve y luego salta a la palestra la verdad, así se cierren las plazas públicas y se prohíba la protesta. Es de esperar que surta efecto el llamado de atención y que el Estado salga de su letargo.
