El ambientalista Juan López, que luchó contra la minería a cielo abierto en Honduras, es velado este domingo luego de haber sido asesinado la víspera en el noreste del país, en un crimen que investiga la policía y provocó el repudio de las autoridades y la ONU.
"Mataron a Juan López, pero no su lucha", reza una pancarta colocada en sobre ataúd del activista en una funeraria en el centro del municipio de Tocoa, departamento de Colón (noreste), observó un equipo de la AFP.
Dentro y fuera del recinto, cientos de personas aguardaban por el inicio de una misa en memoria del ambientalista.
Según versiones de la prensa local, López, de 46 años, fue asesinado por sujetos la noche del sábado cuando estaba dentro de su vehículo tras salir de una iglesia de Tocoa, donde vivía y se desempeñaba como concejal de la alcaldía.
"Exijo la mayor capacidad y atención a nuestras autoridades para que de manera inmediata se aclare el terrible crimen", dijo la presidenta hondureña, Xiomara Castro, en cadena nacional desde un estadio capitalino donde encabezó los festejos por la Independencia de Centroamérica, antigua colonia española.
El ambientalista era miembro del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) y los actos conmemorativos por la fiesta nacional fueron suspendidos en Tocoa.
Thelma Peña, esposa de López, dijo en una breve llamada telefónica con la AFP que el activista fue atacado "a tiros" momentos después de salir de la iglesia, donde ella no estuvo presente.
La Policía hondureña señaló en un comunicado que unidades de la institución, incluida una antipandillas, recolectan evidencias "que permitirán esclarecer los hechos" y pidió a "la población que posea información relevante" que "se comunique de manera confidencial" a través de su línea de emergencias 911.
El ambientalista había pedido recientemente en rueda de prensa la renuncia de funcionarios en Tocoa, que pertenecen al partido Libre, luego de que aparecieran en un video negociando sobornos con narcotraficantes en 2013, desatando un escándalo en el país.
En la grabación apareció Carlos Zelaya, hermano del derrocado expresidente Manuel Zelaya -quien a su vez es esposo de la presidenta-. Tras reconocer que participó del encuentro, renunció a su curul como diputado y a su cargo como secretario del Congreso.
La representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Isabel Albaladejo, instó al Estado a investigar el caso "considerando" las "posibles represalias" contra López "por sus denuncias contra el alcalde Adán Fúnez (de Tocoa), a quien pidió su renuncia por presuntos vínculos con el crimen organizado".
El ambientalista contaba con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde octubre de 2023.
"Es un acto de cinismo (de las autoridades) ahora salir con comunicados condenando el asesinato, exigiendo investigación cuando no cumplieron su obligación que era de prevenir" un ataque, dijo a la AFP el abogado y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, quien acompañaba a López en la defensa del río Guapinol.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos recordó, a su vez, que el martes emitió una "alerta temprana por la falta de implementación y efectividad de medidas" de protección para López.
López era un férreo opositor a la explotación minera a cielo abierto y denunció daños en la reserva forestal Botaderos, cerca de Tocoa, 220 km al noreste de Tegucigalpa.
En noviembre de 2021, López comentó sobre los riesgos que corren los ambientalistas en Honduras: "Cuando uno se mete en este país a defender los bienes comunes [...] entra en choque con los grandes intereses", dijo durante una entrevista con la AFP.
"Si uno sale de su casa siempre tiene en mente que no sabe que le puede pasar y si puede volver a su casa, y si puede volver a ver a la familia", afirmó López entonces.
En esa conversación con la AFP, contó que una vez alguien le advirtió que le pasaría lo mismo que a Berta Cáceres, la reconocida líder ecologista hondureña asesinada a tiros el 2 de marzo de 2016 por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica en el oeste del país.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cofundado por Cáceres, señaló que el Estado y el gobierno de Castro "son responsables de este nuevo asesinato por no garantizar la vida de Juan".
Honduras es uno de los países más letales para los activistas medioambientales en el mundo, de acuerdo con la ONG Global Witness, que en un informe publicado la semana pasada lo ubicó en el cuarto lugar con 18 asesinatos en 2023, después de Colombia (79), Brasil (25) y México (18).
