Betssy Chávez, exjefa del Gabinete Ministerial, continuará recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos en el que cumple prisión preventiva desde junio del 2023 por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada la nueva solicitud que había presentado buscando el cese de la medida restrictiva en su contra.
El juez Checkley alegó que existía peligro de fuga por parte de Betssy Chávez y presentó como antecedente su intento de fuga hacia la Embajada de México en Lima, cuando fracasó el golpe de Estado de Castillo Terrones.
"En ese sentido, acreditada la existencia de peligro de fuga, se puede reafirmar que existe peligro procesal y que, por ende, no se ha enervado tal presupuesto de la prisión preventiva. Sin perjuicio de ello, también corresponderá reafirmarse la subsistencia de peligro de obstaculización, puesto que el criterio jurisdiccional correspondiente al Recurso de Casación N°996-2024/Tacna resulta insuficiente para desvirtuar el peligro de obstaculización en este caso concreto, toda vez que existen otras situaciones advertidas además del inicial ocultamiento y entrega tardía del equipo celular ", argumentó.
A ello, el juez añadió que existen presupuestos del mandato de prisión preventiva impuesta a Betssy Chávez, quien tras el fracaso del golpe de Estado dispuso que toda la documentación y equipos (laptops y carteras, entre otros) que se encontraban en sus oficinas en la PCM fuesen recogidos y entregados a ella, por lo que se le señala un intento de obstaculización a la justicia.
La defensa legal de la exjefa del Gabinete Ministerial argumentaba que su representada estaba siendo sometida a una detención que consideraban injusta y desproporcionada, ya que no se estaba respetando el principio de presunción de inocencia. Además, señalaban que no existía ya un riesgo de obstrucción a la justicia, en base a una resolución de la Corte Suprema en un proceso de casación, la cual establecía que la negativa a entregar un teléfono celular no podía ser interpretada como un acto de obstrucción o como indicio de culpabilidad. En este sentido, se afirmaba que la imputada tenía el derecho de no aportar pruebas que pudieran autoincriminarla.
En consecuencia, el abogado solicitaba que se le permitiera a su cliente defenderse de los cargos que le imputaba la Fiscalía en libertad, así como tener acceso a un mandato de comparecencia para ejercer su defensa de manera adecuada.
La tesis fiscal sostiene que, el 7 de diciembre de 2022, por la mañana, se llevó a cabo una reunión en el Palacio de Gobierno con la participación de Betssy Chávez, Aníbal Torres, Pedro Castillo y otras personas aún no identificadas. En esta reunión, se habría ratificado la decisión de disolver el Congreso y establecer un estado de excepción, utilizando a las Fuerzas Armadas para controlar los tres poderes del Estado y otros organismos autónomos.
La investigación contra la expresidenta del Consejo de Ministros y los exministros se basa en que ellos estuvieron junto al expresidente Pedro Castillo el día en que anunció el golpe de Estado en un mensaje a la Nación, mientras en el Congreso se debatía una moción de vacancia en su contra.
