El 5 abril de 1992, luego del anuncio de Alberto Fujimori, “disolver, disolver, temporalmente, el Congreso de la República”, de sacar los tanques a las calles y de vulnerar el orden constitucional; una de las primeras redacciones periodísticas en ser intervenidas por los militares fue la sede del diario La República, en el jirón Camaná, centro de Lima.
Desde ese momento, los periodistas de nuestra casa editora desataron una defensa tenaz de la democracia y de la libertad de prensa que hoy, al producirse la muerte del exdictador, vale la pena tener en cuenta para que la historia no se repita y sirva de lección a las nuevas generaciones.
La batalla noticiosa fue por desentrañar el espíritu dictatorial del régimen, los actos de corrupción, las violaciones a los derechos humanos, las normas contra los trabajadores, etc. De ese modo, nuestros reporteros se pusieron al frente del ejercicio de nuestra profesión, pese a toda la maquinaria desatada en su contra por parte de la tiranía.
Particularmente, agresiva fue la ofensiva del régimen de Fujimori y Vladimiro Montesinos contra la prensa de investigación, contra la prensa que denunciaba la violación de los derechos humanos, contra la prensa que investigó la corrupción y ponía en evidencia los planes para someter a periodistas honestos y, por tanto, se convirtieron en blanco de los diarios chicha.
Ángel Páez, Gustavo Gorriti, Gustavo Mohme Llona y César Hildebrandt estaban entre los blancos de la difamación. Hay que recordar, hay que hacer memoria, ahora más que nunca, cuando algunos se empeñan en celebrar al autócrata.
No sé si algunos colegas han experimentado el dudoso honor de enfrentar cara a cara a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. En ningún caso fueron anécdotas porque los tuve al frente como testigo en audiencias judiciales por los casos de la prensa chicha, que enfrentó Fujimori, y por el contrabando de fusiles AK-47 para las FARC, contra Montesinos.
Fueron episodios trascendentales porque ambos debían responder ante los tribunales por dos gravísimos actos de corrupción, que fueron conocidos por investigaciones de La República, en una época en que el fujimontesinismo secuestraba y mataba periodistas, y torturaba y ejecutaba a quienes sospechaba que eran fuentes de los reporteros.
En la audiencia del miércoles 23 de febrero de 2005, en la Base Naval del Callao, el tribunal me requirió que confirmara las revelaciones del vendedor de armas Sarkis Soghanalian, quien proveyó los fusiles al gobierno de Fujimori, que luego transfirió a las FARC. El caso dejaba en entredicho el discurso del fujimorismo sobre su eficacia contra el terrorismo, porque Soghanalian dijo que fue el gobierno de Fujimori que lo contrató y que cuando vino a Lima coordinó con Montesinos el pago del cargamento.
En medio de las protestas y de los insultos del exjefe de facto del SIN y de su defensa, ratifiqué lo dicho por Soghanalian, quien, en una serie de entrevistas que nos concedió en la cárcel de Los Ángeles y en su residencia de Palm Springs, detalló cómo había sido el negocio en beneficio de los delincuentes de las FARC con aprobación de Fujimori, a quien rinden tributo como héroe de la lucha antiterrorista.
El viernes 30 de mayo de 2014, fui citado por el tribunal instalado en el cuartel de la Diroes, donde se encontraba la prisión del exdictador Alberto Fujimori. Se trataba del financiamiento de la prensa chicha, una perversa estrategia de ejecución mediática que diseñó Montesinos para destruir a sus enemigos, como los periodistas de investigación que destapamos los actos criminales del régimen, entre otros, la compra de armamento: la principal fuente de corrupción del gobierno.
Fujimori se enfureció cuando recordé que no solo era el responsable de los contratos corruptos sino que los defendía públicamente, incluyendo a Montesinos, el gestor de la megacorrupción. “¡Cállese!”, repetía. El tribunal lo reconvino para que continuara con mi exposición.
Relaté que la prensa chicha de su gobierno me humilló públicamente en represalia por las investigaciones sobre corrupción y que el propósito final de la campaña era eliminarme. Fujimori, rojo por el fastidio, volvió a estallar: “¡No diga corrupción!”.
Curiosamente, al publicar sus memorias en 2021, reconoció que la corrupción asaltó su gobierno. Yo se lo había dicho frente a frente.
“Nosotros matamos menos que los dos gobiernos que nos antecedieron”, dijo sin miramientos durante la campaña electoral en el 2011 Jorge Trelles, entonces portavoz de Keiko Fujimori, reconociendo tácitamente que en el gobierno de Alberto Fujimori se cometieron violaciones a los derechos humanos.
Pero no se trata de números. Cada ejecutado extrajudicialmente, cada desaparecido, cada torturado, cada inocente en prisión cuenta. Y en los años 90 me tocó entrevistar a víctimas o a sus familiares del régimen fujimorista.
El primer caso de trascendencia que se conoció fue la masacre de Barrios Altos, cometida por el destacamento militar Colina el 3 de noviembre de 1991, y que dejó 15 muertos, entre ellos, Javier Ríos de apenas 8 años, y cuatro heridos, uno fue Tomás Livia, un heladero que tuvo el infortunio de haber ido a una pollada pro fondos para arreglar el sistema de desagüe de la quinta donde se realizaba la reunión.
Recibió 17 impactos de bala que lo dejaron en una silla de ruedas. Haber estado a punto de morir no lo amilanó, ni tampoco las amenazas que recibió después, por contar lo que ocurrió. Cada vez que lo entrevistaba estaba más fuerte, tenía más entereza por demandar justicia. No dudaba en decir que reconoció a Martín Rivas como uno de los asesinos.
Igual entereza observaba en Rosa Rojas, la madre de Javier, quien también perdió a su esposo en esa fatídica tarde. Siempre se le veía decidida a demandar sanción para quienes le arrebataron a sus seres queridos. Siempre terminaba derramando lágrimas por su hijo, quien el año pasado hubiera cumplido 40 años.
Cómo no enternecerse con Raida Cóndor, la madre Coraje, quien perdió a su hijo Amaro, también a manos del grupo Colina, el 18 de julio de 1992. “No es odio pedir justicia”, me comentó una de las veces que hablé con ella. Tenía entonces el cabello negro, ahora es totalmente blanco y tiene menos fuerza física por los años, pero el mismo empeño y decisión de siempre. Así logró que el año pasado le entreguen el pequeño resto óseo que se identificó por ADN para darle cristiana sepultura.
La lista es larga. Están Cronwell Jara, cuyo hijo Ernesto fue detenido y desaparecido en octubre de 1990; Javier Roca, quien nunca se cansó de buscar a su hijo Martín, desaparecido en 1993; Marly Anzualdo, cuyo hermano Kenneth fue secuestrado en 1993. Los tres eran jóvenes universitarios, con muchos sueños truncos. Los últimos dos terminaron cremados en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Me tocó escucharlos y contar sus historias, sus esfuerzos, sus desesperanzas, sus demandas de justicia.
Alberto Fujimori ha muerto, a una hora imprecisa del 11 de setiembre. Pero su impronta y la toxicidad de sus ideas para gobernar siguen viviendo, como lo muestra la reacción que han tenido estos días el Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial.
En los hechos, Fujimori nunca dejó el poder, ni lo quiso hacer ni se lo permitieron, pese a renunciar por fax, el 21 de noviembre del 2021; postular al Senado japonés, julio del 2007; permanecer prófugo de la justicia en Japón y Chile, hasta el 22 de setiembre del 2007; o al ingresar a prisión para cumplir penas de cárcel efectiva por delitos de corrupción y derechos humanos.
Su llegada al poder en 1990 coincidió con mis inicios en el periodismo y sus acciones han sido un elemento cotidiano de mi carrera profesional como redactor y editor especializado en temas judiciales. Viví y fui testigo de su forma de hacer política, de su búsqueda de impunidad, de la lucha de los que lo enfrentaron, del sufrimiento de sus víctimas y del anhelo de justicia del pueblo.
Desde ese conocimiento me parece terrible que el Poder Judicial lamente su muerte. Ese 11 de setiembre, a través del abogado Elio Riera, Fujimori participó en una audiencia del juicio por el secuestro, la tortura y el asesinato, por encargo, de seis ciudadanos de Pativilca, provincia de Barranca, al norte de Lima. Nunca antes el PJ lamentó el fallecimiento de un reo que recibió cinco condenas, a pena efectiva de cárcel, que estaba participando en un juicio y que tenía pendientes otros ocho procesos.
Fujimori ganó las elecciones presidenciales de 1990, pero empezó a ejercer su poder en 1991, con una beligerante campaña contra el Poder Judicial, al que acusó de estar sometidos al partido aprista de Haya de la Torre, el terrorismo y la delincuencia.
Las críticas de Fujimori, lo mismo que hoy, no pretendían un mejor sistema de justicia. Fujimori atacó a los jueces para justificar el quiebre de la democracia, el autogolpe del 5 de abril de 1992, y gobernar sin control. Algunas medidas que había tomado en el ‘fujishock’, agosto de 1990, fueron controladas por los jueces. Entonces, dibujó un sistema judicial a su medida.
El autogolpe incluyó el cese de toda la Corte Suprema de Justicia, de los fiscales supremos titulares y otros cientos de jueces y fiscales, que fueron reemplazados por magistrados provisionales. Los mismos jueces fueron impedidos de defender sus derechos. Las familias de los detenidos ilegalmente, desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente no podían obtener protección o conocer qué es lo que les había pasado.
Las acciones legales que hoy realizan Dina Boluarte, Keiko Fujimori, César Hinostroza y otros investigados para detener las actividades de la fiscalía eran imposibles en esa época. El régimen de Fujimori implantó un sistema de jueces y fiscales ad hoc que, bajo la apariencia de enfrentar la delincuencia y el terrorismo, perseguía a las voces disidentes.
Los primeros integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) debieron renunciar para defender sus funciones y tres magistrados del TC fueron cesados por una sentencia contraria a los intereses del fujimorismo.
Fujimori ha muerto, pero sus formas de gobernar siguen vivas. El Poder Judicial de Javier Arévalo Vela olvidó lo que fue el gobierno de Fujimori para los jueces y supongo que no le gustará que ahora se lo recuerden.
Pese a todo, hubo y hay jueces, fiscales y ciudadanos que no inclinaron la cabeza. Ellos recuperaron la democracia y, en su momento, respetando sus derechos, lo juzgaron y lo condenaron. Hay esperanza. Frente a la muerte, triunfarán la democracia y la libertad.
