La cancelación del juicio contra Donald Trump en Georgia por cargos menores no hace más que confirmar una evidencia: en pocos meses, el cerco judicial que amenazaba al expresidente se ha aflojado espectacularmente, sobre todo tras la intervención del Tribunal Supremo.
El tema apenas se mencionó durante el debate del martes 10 entre la vicepresidenta y candidata demócrata a las elecciones del 5 de noviembre, Kamala Harris, y Trump.
El candidato republicano a la Casa Blanca es sin embargo el primer expresidente del país en haber sido sometido a un proceso penal, que además acabó en condena, por un tribunal de Nueva York.
Pero el juez Juan Merchan, a cargo de ese proceso, postergó la semana pasada en nombre de "los intereses de la justicia" la definición de una sentencia, que pasó del 18 de septiembre al 26 de noviembre, tres semanas después de las elecciones.
En Georgia, el juez encargado del proceso contra Trump y otros 14 coacusados de haber intentado alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado, anuló esta semana tres de los cargos, incluidos dos contra el expresidente, por considerar que los hechos en cuestión eran competencia de la justicia federal.
A continuación, una actualización de los problemas penales que enfrenta el candidato republicano.
Por este caso, instruido por el fiscal especial Jack Smith y relacionado con los intentos ilegales de revertir, a nivel federal, los resultados de las elecciones de 2020 ganadas por Joe Biden, Trump decidió dar intervención al Tribunal Supremo.
Procesado por "conspiración contra las instituciones estadounidenses" y por "socavar el derecho de voto" de los electores, Trump podría ser condenado a decenas de años de prisión.
En una decisión sin precedentes, el 1 de julio, la Corte le reconoció al expresidente una amplia inmunidad penal.
La semana pasada, la jueza Tanya Chutkan tomó nota de la imposibilidad de fijar a estas alturas una nueva fecha para este juicio, que debería haber comenzado en Washington el 4 de marzo de 2024.
Los próximos meses transcurrirán entonces en medio de batallas retóricas entre la acusación y la defensa, en particular sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo.
En Georgia, Trump es procesado junto con otras 14 personas por hechos similares a los de su juicio en Washington, en virtud de una ley de este estado del este del país sobre el crimen organizado.
La investigación se inició a partir de una llamada telefónica que tuvo lugar en enero de 2021, en la que el presidente saliente le pedía a un alto funcionario de Georgia que "encontrara" las aproximadamente 12.000 papeletas a su nombre que le faltaban para ganar en este estado clave.
El juez Scott McAfee dijo el jueves que la decisión del Tribunal Supremo "probablemente tendría consecuencias" sobre los hechos cubiertos por el cargo principal, pero que esperaría para sacar conclusiones hasta que ambas partes le hubieran presentado sus argumentos.
En cualquier caso, este procedimiento está suspendido al menos hasta el próximo año, ya que el tribunal de apelación del estado tiene pendiente expedirse sobre una demanda de renuncia de la fiscal presentada por la defensa de los acusados.
En este otro caso federal, también investigado por el fiscal Jack Smith, Trump está siendo procesado junto con dos de sus asistentes por haber sustraído documentos clasificados y haberlos conservado en su residencia privada en Mar-a-Lago, en Florida (sureste).
Se le acusa de haber comprometido la seguridad nacional al conservar estos documentos, incluidos planes militares e información sobre armas nucleares, después de finalizado su mandato, en lugar de entregarlos a los Archivos Nacionales, como exige la ley.
La jueza Aileen Cannon, que ya había aplazado indefinidamente el juicio inicialmente previsto para el 20 de mayo, otorgó al expresidente una victoria total el 15 de julio al anular el procedimiento por considerar inconstitucional el nombramiento del fiscal especial.
Jack Smith apeló ese fallo ante un tribunal federal a finales de agosto. Se espera que el proceso de apelación dure meses.
Este es el único juicio penal contra Donald Trump que pudo llevarse a cabo antes de las presidenciales.
El 30 de mayo, el expresidente fue declarado culpable por un tribunal de Nueva York de "falsificación contable agravada para ocultar una conspiración con el fin de pervertir las elecciones de 2016".
La sentencia se conocerá de todas maneras el 26 de noviembre, pasadas las elecciones. Donald Trump enfrenta hasta cuatro años de prisión.
El caso tiene que ver con el pago de 130.000 dólares, disfrazados de honorarios legales, a la estrella del cine porno Stormy Daniels, para que no revelara, durante la campaña electoral de 2016, haber mantenido relaciones sexuales con Trump, lo que el expresidente niega.
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