El exdictador Alberto Fujimori falleció a la edad de los 86 años, el pasado 11 de septiembre. Su muerte ha interrumpido el conjunto de procesos judiciales que tenía en su contra por los crímenes de corrupción y delitos contra la humanidad cometidos durante su gobierno, como las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas, dejando en incertidumbre a miles de familiares de sus víctimas que hasta el día de hoy sigue esperando justicia.
Asimismo, la reparación civil de S/57 millones sin pagar que tenía pendiente Fujimori quedaría 'en el olvido', según aseguró el abogado penalista Mario Amoretti, pues, según la ley, tras su muerte esta se exonera.
El programa de control de la natalidad implementado durante el régimen de Alberto Fujimori, conocido como Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), es uno de los episodios más oscuros y polémicos de su gobierno. Presentado como una medida para reducir la pobreza y controlar el crecimiento poblacional en las zonas rurales del Perú, el resultado fue millas de esterilizaciones forzadas, especialmente dirigidas a mujeres indígenas y de comunidades vulnerables.
Este caso, en el que incluso estuvieron involucrados los entonces ministros de Salud de Alberto Fujimori, fue archivado y reabierto en varias ocasiones. Solo en agosto de este año, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria ratificó la decisión de anular la acusación penal contra el exmandatario, dejando invalidados casi tres años de avances judiciales.
El proceso por el tráfico de armas a la guerrilla colombiana de las FARC es otro de los casos judiciales del régimen de Alberto Fujimori. Se trató de una operación encubierta en la que un cargamento de 10.000 fusiles AK-47, destinados inicialmente al Ejército peruano, terminó en manos de la guerrilla colombiana, que por ese entonces mantenía una feroz confrontación con el gobierno colombiano y la población civil.
El rol de Montesinos, quien controlaba los servicios de inteligencia y operaba como mano derecha de Fujimori en asuntos de seguridad, fue clave en este esquema. Sin embargo, tras su fallecimiento, esto se convierte en otro de los casos cuyo proceso judicial será archivado.
La masacre de Pativilca, ocurrida el 29 de enero de 1992, involucró el asesinato de seis campesinos, quienes fueron secuestrados en sus viviendas por miembros del Grupo Colina, también responsables de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, que operaba bajo las órdenes del gobierno de Fujimori y su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos.
Aunque fue indultado en 2018, la justicia peruana dictaminó que Fujimori sea juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Patilvilca. E desarrollo de este juicio y el futuro de Fujimori dependía del proceso judicial que, tras su muerte, será archivado.
El Caso Chavimochic involucraba a Alberto Fujimori en una acusación relacionada con el uso indebido de los fondos públicos. Según la denuncia fiscal, Fujimori habría autorizado el uso de 800.000 dólares del erario público para que Augusto Miyagusuku adquiriera terrenos agrícolas en dicho proyecto de irrigación, ubicado en la región de La Libertad.
La compra de estos terrenos fue el resultado de actividades delictivas en las que participaron tanto Fujimori como Miyagusuku. El primero habría accionado como testaferro del exdictador, quien utilizó su posición de poder para desviar fondos y realizar dicha transacción.
