El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el miércoles por un año el embargo de armas que pesa sobre la región sudanesa de Darfur, cuyas violaciones se denuncian periódicamente.
En una resolución adoptada por unanimidad, el Consejo prorrogó hasta el 12 de septiembre de 2025 el régimen de sanciones vigente desde 2005, dirigido exclusivamente a Darfur: sanciones individuales (congelación de activos, prohibición de viajar), que actualmente se aplican a sólo tres personas, y embargo de armas.
"La población de Darfur sigue viviendo en peligro y desesperada (...) Esta adopción les envía el importante mensaje de que la comunidad internacional sigue atenta a su difícil situación", comentó el embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood.
Y aunque las sanciones no se apliquen a todo el país, su renovación "restringirá el flujo de armas a Darfur", y "ayudará" a "devolver a Sudán a la senda de la estabilidad y la seguridad", añadió.
Sudán está sumido en una cruenta guerra civil desde abril de 2023, un conflicto que ya ha dejado decenas de miles de muertos y más de 10 millones de desplazados, según la ONU.
El conflicto opone al ejército, dirigido por el general Abdel Fattah al Burhan, y a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de su exadjunto, el general Mohamed Hamdan Daglo. Ambos bandos han sido acusados de crímenes de guerra, en especial de bombardeos indiscriminados en zonas habitadas.
Las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias temen que la guerra degenere en una nueva violencia étnica, sobre todo en Darfur, que ya fue devastada hace más de 20 años por la política de tierra quemada aplicada por los Janjaweed, milicianos árabes que desde entonces se han unido a la FAR.
En este contexto, Jean-Baptiste Gallopin, de Human Rights Watch, lamentó la "oportunidad perdida" por el Consejo, al que pidió que "ampliara" el embargo de armas a todo el país.
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