Este miércoles 11 de septiembre falleció el exdictador Alberto Fujimori a los 86 años de edad debido a un cáncer. El deceso fue confirmado por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, a través de las redes sociales.
Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú entre 1900 y 2000. El Gobierno de Fujimori estuvo marcado por graves violaciones a los derechos humanos, como desapariciones, esterilizaciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad contra ciudadanos bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo.
En este contexto, las familias afectadas se pronunciaron sobre el fallecimiento de Alberto Fujimori, quien llegó al poder en medio de un contexto de inestabilidad económica y violencia interna. "Se ha ido sin pagar sus culpas", declaró Norma Méndez a La República. Ella es madre de la periodista Melissa Alfaro, asesinada por el Grupo Colina en 1991.
"La muerte de Alberto Fujimori nos recuerda la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura. Lamentablemente, en los últimos años, hubo una estrategia para liberar a Fujimori de manera ilegal. Y esta estrategia se materializó en el Gobierno de Dina Boluarte", sentenció Indira Huilca, hija de Pedro Huilca Tecse, ex secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) que fue acribillado el 18 de diciembre de 1992, durante la dictadura de Fujimori. La acusación recae contra Vladimiro Montesinos y contra los exjefes del Grupo Colina.
Cromwell Castillo y Javier Roca se conocieron en el momento más doloroso de sus vidas: ambos buscaban desesperadamente a sus hijos que desaparecieron cuando aún eran estudiantes universitarios. Ellos unieron fuerzas en una incansable lucha por hallarlos y obtener justicia.
Tras años de incansables esfuerzos y demandas, la justicia peruana finalmente condenó a los responsables. Sin embargo, a pesar de estos veredictos, Cromwell Castillo y Javier Roca aún no han podido recuperar los restos de sus hijos.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reportó 176 estudiantes muertos o desaparecidos durante el conflicto armado interno que se originó entre 1980 y 2000. La mayoría de estas víctimas eran jóvenes que estudiaban en la Universidad del Centro, en Huancayo, aunque también se produjeron víctimas en Lima, como los casos de Ernesto Castillo Páez, Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo Castro.
El hijo de Cromwell tenía 22 años y estudiaba Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuando fue detenido por efectivos de la Policía que realizaban un operativo en Villa El Salvador, el 21 de octubre de 1990. Desde entonces no apareció.
"Nosotros, los familiares de las víctimas, obviamente sentimos la muerte de una persona. Pero, en este caso, un hombre juzgado como responsable de tantas muertes de inocentes, entre ellos mi hijo, tenemos una sensación de que probablemente la justicia no lo castigó. No es que uno se alegre, pero se siente una cierta satisfacción interior de que por lo menos hay una justicia divina que termina con este tipo de sujetos", expresó Cromwell Castillo a La República.
El 5 de octubre de 1993, Martín Roca Casas, un estudiante de 27 años de Economía en la Universidad Técnica del Callao, fue detenido. Dos meses antes, él y sus compañeros se habían enfrentado a dos personas sin identificación que estaban filmando sus protestas por el carné del medio pasaje. Durante ese incidente, lograron arrebatarles las cintas de video. Esa misma noche, un grupo de individuos desconocidos, con apariencia militar, irrumpió en su casa, lo golpearon mientras le exigían los videos, y al no encontrarlos, lo amenazaron antes de irse.
Incluso, al día siguiente, volvió uno de ellos, a quien lograron llevar a la comisaría, donde se supo que era de la Marina. Por ello, la familia tenía la seguridad de que había sido secuestrado por militares. Desde ese día lo buscaron incansablemente.
Su padre, Javier Roca, recuerda que varios compañeros de su hijo lo acompañaron. Uno de ellos era Kenneth Anzualdo, que también estudiaba Economía en la misma universidad. Incluso, el joven se ofreció a declarar en la Fiscalía, pero días antes de la citación, la noche del 16 de diciembre de 1993, fue interceptado en el ómnibus en que se dirigía a su domicilio. Nunca más lo volvieron a ver. Tenía 25 años.
Finalmente, el 2016, la justicia condenó a 22 años de cárcel a Vladimiro Montesinos, al excomandante del Ejército Nicolás Hermoza Ríos, entre otros oficiales, como autores mediatos de ambos asesinatos. Sin embargo, los familiares aún no han podido recuperar sus restos.
"El Gobierno de Fujimori destruyó mi familia al asesinar a mi hijo. ¿De qué valió la pena haber luchado 30 años, de haber ganado un juicio? Está totalmente aprobado que había demasiada crueldad en su gobierno. Mi hogar sigue destruido. Ningún Gobierno tiene piedad de nosotros", confesó a La República.
En el año 2000, tras un escándalo de corrupción que involucró a su principal colaborador, Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori huyó a Japón, desde donde intentó renunciar a la presidencia. Años después, en 2007, fue extraditado desde Chile y sometido a juicio en Perú. En 2009, fue condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción, que incluían ejecuciones extrajudiciales durante su gobierno y el uso indebido de fondos públicos.
En diciembre de 2017, Alberto Fujimori recibió un indulto humanitario del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien alegó graves problemas de salud como justificación. Sin embargo, esta decisión provocó una ola de protestas en el país y fue ampliamente percibida como un acuerdo político para evitar la destitución de Kuczynski.
Alberto Fujimori falleció con una deuda por reparación civil que alcanza aproximadamente los 57 millones de soles por 3 condenas impuestas por el Poder Judicial. Sin embargo, en diciembre de 2023, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción informó que Fujimori incumplió con este pago.
En su momento, la entidad aclaró que la considerable deuda incluía los intereses acumulados con el transcurso de los años debido a que no pagó la reparación civil a favor del Estado. Esta suma no pudo ser recuperada a través de la incautación de su pensión vitalicia, ya que él optó por no recibir dicha pensión en su calidad de expresidente y no tenía bienes ni propiedades a su nombre que pudieran ser embargados.
Finalmente, Alberto Fujimori solicitó al Congreso de la República el restablecimiento de su pensión vitalicia, así como el pago de una asistente personal y vales de combustible. Esta solicitud fue aceptada recientemente.
