Su muerte este 11 de septiembre de 2024 supone el fin de los procesos en investigación, juicio o extradición pendientes contra el sátrapa Alberto Fujimori, por crímenes de corrupción y contra la humanidad.
Sin embargo, la búsqueda de verdad y justicia continuará para los familiares de sus víctimas, algunas de las cuales continúan hasta hoy desaparecidas. "Muere Fujimori, condenado por violaciones a DDHH y corrupción y un gobierno asesino como el de los 90 le rinde homenaje. Mensajes oficiales de pesar cuando para sus crímenes hay impunidad. Queda tu memoria, mi hermano y todo el amor por el que seguimos luchando", escribió Gisela Ortiz, familiar de una de las víctima del caso La Cantuta.
En tanto, es casi imposible que el Estado puede cobrar a los hijos del hombre que gobernó el Perú, de julio de 1990 hasta noviembre de 2000, la reparación civil de más de 57 millones de soles, que se le impuso en diferentes sentencias por corrupción y violación de derechos humanos.
El Código Civil y la jurisprudencia penal establecen que el Estado puede exigir el pago de dicha reparación civil a los herederos, pero solo hasta donde alcance la masa hereditaria, es decir, los bienes que Fujimori pudiera dejar de herencia.
Sin embargo, como es de público conocimiento no tiene nada registrado a su nombre, salvo algunos pocos soles que no haya retirado de la cuenta bancaria donde recibía su pensión de ex presidente que el Congreso le restituyó en julio último.
La ley prohíbe que los hijos paguen la reparación civil con sus propios bienes, pues las deudas no son hereditarias y la responsabilidad penal es personalísima. Alberto Fujimori murió sin pagar un sol.
La extinción de la acción penal y el archivo de los proceso fiscales y judiciales es de mero trámite. Si bien lo puede solicitar su abogado, Elio Riera, siendo este un caso público, los jueces lo pueden realizar de oficio, luego de requerir al RENIEC el acta de defunción respectiva.
Por ejemplo, se archivará el proceso por los asesinatos de seis pobladores en Pativilca, a manos del grupo Colina, que se encontraba en juicio público. Ayer, Riera interrumpió su intervención en la audiencia pública, al conocer el grave estado de salud de Fujimori.
Lo mismo sucederá con el proceso por el tráfico de armas a la guerrilla colombiana de las FARC y la entrega de 800 mil dólares de los fondos del desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) al empresario Augusto Miyagusuku para compra de tierras en el proyecto Chavimochic.
En junio último, la justicia chilena había accedido a ampliar la extradición de Fujimori por otros cinco casos considerados delitos contra la humanidad. La decisión estaba pendiente en la Corte Suprema de Chile, que asumió jurisdicción en estos casos cuando Fujimori llegó a ese país, el 6 de noviembre de 2005, desde su refugió en Japón.
Allí están los casos relativos: (1) los secuestros y homicidios de la familia Ventocilla en Huacho, en junio de 1992; (2) el homicidio de Nicolás Cruz Sánchez y otros integrantes del MRTA durante el rescate de los rehenes en la Embajada del Japón en Lima; (3)los homicidios y lesiones de presos por terrorismo en el penal Castro Castro; (4) la muerte y lesiones graves de decenas de mujeres producto de esterilizaciones forzadas; y (5) los secuestros agravados de un grupo de militares que protestaron contra la dictadura.
Sin embargo, es de precisar que dichos procesos continuarán, en todos los casos, contra los militares acusados de perpetrar los asesinatos. Lo mismo sucede con las víctimas, ellos seguirán exigiendo justicia y verdad.
La muerte de Fujimori no cierra heridas, las mantiene abiertas al saber que ya nunca será sancionado por lo que hizo o por los crímenes que permitió y propició realizar.
Los procesos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por crímenes vinculados al régimen de Alberto Fujimori continuarán su trámite. En estos casos no se cuestiona la responsabilidad personal del dictador, sino del Estado peruano.
Por lo cual, los tribunales internacionales continuarán exigiendo al Perú que sancione a los violadores de Derechos Humanos, repare a las víctimas y haga todo lo posible por encontrar los cuerpos de los desaparecidos.
La sentencia por la matanza de La Cantuta y Barrios Altos, en la que se le impuso 25 años de prisión, y por otros casos de corrupción, en los que ya cumplió las condenas impuestas, continuarán firmes, sin posibilidad de que se cuestione su validez, más allá del indulto que le permitió salir de prisión antes de tiempo.
