La nueva presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, se refirió a los recursos presentados por la jefa de Estado, Dina Boluarte, los cuales tiene como finalidad ampararse en el TC para anular las investigaciones que actualmente tiene en su contra. Al respecto, la magistrada indicó que, estos seguirán su curso regular en la institución de responsable de la máxima deliberación en temas constitucionales, con la prioridad que amerite cada caso.
“Sí (es prioritario), solo que acaba de llegar y hay otro antes, hay tiempos. Ella presenta su demanda, tiene que haber una audiencia, después de ella ya se puede decidir, antes no”, declaró a ‘Canal N’.
En este sentido, la magistrada indicó que estos recursos empezarán a verse en la segunda quincena de setiembre, cuando se realicen las actividades del Pleno del Tribunal Constitucional.
“Ella tiene dos, el segundo me parece que es un habeas corpus. El primero habrá una audiencia la próxima semana, el segundo (recurso) ya se verá en cuando se vea. En la segunda quincena esta designado para las actividades del Pleno, en la primera las que son por sala. En los últimos quince días habrán (novedades)”, agregó.
En tanto, Luz Pacheco Zerga evitó referirse a si una eventual decisión del TC podría anular las investigaciones que realiza el Ministerio Público: “De eso prefiero o hablar, vamos a ver qué dice exactamente, no he leído la demanda. Poco a poco todo saldrá, ya veremos si son conexos y se acumulan (los recursos)”.
A pesar de la narrativa expuesta por el Gobierno de que la presidenta Dina Boluarte está abierta a colaborar con las investigaciones que se le siguen a nivel del Ministerio Público, existen —a la fecha— tres recursos presentados ante el Tribunal Constitucional que tienen como único objetivo neutralizar las indagaciones fiscales contra la jefa de Estado, quien producto de la poca claridad frente a los múltiples cuestionamientos en su contra y el medio centenar de fallecidos durante las protestas, padece de un bajo nivel de aprobación popular que no sobrepasa las dos cifras porcentuales.
El último 25 de julio, el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero, presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial con la que se busca neutralizar las tres investigaciones que se le iniciaron a Dina Boluarte en funciones: asesinatos en protestas, el caso Rolex y la desactivación del Equipo Especial de la Policía.
En el documento, se acusa al Ministerio Público y al Poder Judicial de vulnerar las competencias de la presidencia de la República al “dirigir la política general del Gobierno” mediante la interpretación del artículo 117 de la Constitución, la cual establece en qué circunstancias específicas puede ser investigado un jefe de Estado en funciones, desconociendo la evolución de esta discusión en los últimos años (durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo).
La postura del Poder Ejecutivo dirigido por Dina Boluarte es que el Tribunal Constitucional aún no ha validado la interpretación del artículo 117 (aplicada con Pedro Castillo, donde se puede investigar a un jefe de Estado en funciones), con lo cual buscarían retrotraer el análisis del mismo a la época anterior a Zoraida Ávalos, cuando ningún fiscal de la Nación abría investigación a un presidente en funciones y solo podría hacerse una vez que dejase el cargo.
En mayo de este año, el Consejo de Ministros aprobó la presentación de una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial denunciando un supuesto “menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones” de jefe de Estado, en la cual se cuestiona precisamente la interpretación de los alcances del artículo 177 antes revisado.
El Gobierno advierte que el Ministerio Público “carece de competencia para iniciar y proseguir actos de investigación preliminar, y todos aquellos que deriven de estos, respecto del presidente de la República” porque vulneraría la inmunidad presidencial. Y, respecto al PJ, piden que el TC determine que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria “carece de competencia” para autorizar “toda diligencia y/o allanamiento” como allanamiento, registro domiciliario, registro personal “e inclusive registro vehicular”. Esto se enmarcó en la reacción del Ejecutivo frente a la autorización y ejecución del allanamiento a la casa de la mandataria en Surquillo.
Por otro lado, tras el allanamiento a la casa y al despacho de la presidenta, el abogado Marco Riveros, conocido por ser la defensa legal de Gerald Oropeza presentó un habeas corpus a fin de dejar sin efecto dichos allanamientos realizados por la Fiscalía de la Nación y de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).
Ante los cuestionamientos por las defensas antes ejercidas por el abogado, la mandataria envió un documento al Poder Judicial donde señalan que el abogado Marco Riveros Ramos no es parte de su defensa legal y que ella no autorizó a presentar dicho recurso. Finalmente, se optó por acreditar a los juristas Domingo García Belaunde y Ernesto Blume como abogados de la presidenta Dina Boluarte ante el Tribunal Constitucional en el marco de este proceso.
