El independentismo volverá a manifestarse el miércoles durante la fiesta de Cataluña, una cita que congregaba multitudes en el pasado pero a la que llega dividido y fuera del poder de esta región española por primera vez en más de una década.
Bajo el lema "Volvamos a las calles. Independencia", varias entidades soberanistas convocan a esta manifestación que llegó a concentrar más de un millón de personas en Barcelona durante los años que rodearon a la fallida intentona secesionista de 2017.
Pero el contexto ha cambiado mucho en esta rica región del noreste de España, que desde hace un mes preside el socialista Salvador Illa, el primer político no nacionalista o independentista en ocupar el Palau de la Generalitat desde 2010.
En las elecciones catalanas de mayo, la suma de formaciones separatistas perdió la mayoría absoluta desde la que impulsaron la escalada soberanista que llevó al gobierno que entonces presidía Carles Puigdemont a organizar un referéndum de autodeterminación, a pesar de la prohibición de la justicia, y a declarar una efímera independencia en 2017.
Vencedor de las elecciones regionales de mayo, pero sin mayoría absoluta, el socialista Illa, exministro de Sanidad muy cercano al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tuvo que negociar durante semanas con otras formaciones para lograr ser investido.
Finalmente obtuvo el apoyo clave --criticado por el partido Juntos por Cataluña, de Carles Puigdemont-- de los separatistas moderados de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC).
Con ellos se comprometió a trabajar por conceder a Cataluña el pleno control de los impuestos recaudados en la región, una de las principales reivindicaciones del separatismo.
La polémica propuesta, que aún debe ser aprobada por el Parlamento español, cuenta con la oposición conservadora, así como la de algunos socialistas, que opinan que puede desequilibrar todo el complejo sistema fiscal autonómico.
"El acuerdo se cumplirá. Sé que costará, pero se cumplirá", reiteró el jueves Illa en el Parlamento regional.
Su mandato arrancó, sin embargo, ya convulso, con una tensa sesión de investidura eclipsada por la reaparición fugaz de Puigdemont a comienzos de agosto.
El líder separatista, cuya candidatura había finalizado segunda en las elecciones de mayo, desafió una orden de detención pendiente por su papel en el intento de secesión para aparecer en un mitin en Barcelona tras casi siete años de exilio autoimpuesto, antes de esfumarse sin que la policía pudiera detenerlo.
Con los dos principales partidos separatistas enfrentados y en reformulación interna, los organizadores de la marcha del miércoles, que se convirtió en evento multitudinario en la década pasada, convocaron este año una protesta descentralizada, que contará con actos en Barcelona y otras grandes ciudades catalanas.
Pero a pesar de que el movimiento se encuentra en horas bajas, el sentimiento separatista sigue siendo intenso en una parte de la población catalana, e influyente en la política española.
Un 53% de catalanes son ahora contrarios a la independencia, frente a un 40% favorable, según el último estudio del órgano catalán de estudios de opinión (CEO).
El separatismo "no está superado, lo que pasa que el electorado más independentista entiende que la coyuntura no es favorable. Pero es un tema y son unas preferencias que podrían volver a activarse en un contexto diferente", explicó Ana Sofía Cardenal, profesora de Ciencias Políticas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Y el futuro de Puigdemont, a quien la justicia española no permitió acogerse de momento a la amnistía aprobada para los implicados en la fallida secesión, es todavía una incógnita. Después de su fugaz aparición en Barcelona en agosto, regresó a Bélgica, donde ha vivido durante la mayor parte de estos años.
"Puigdemont y Juntos quedan cada vez más aislados, menos útiles", valoró Cardenal. "Los ciudadanos lo que quieren son partidos que resuelvan, partidos que ellos perciban que son útiles (...) Y Juntos ha ido tomando decisiones que lo han ido condenando a la marginalidad", valoró.
La formación de Puigdemont, cuyos siete diputados fueron claves para lograr la reconducción de Sánchez al poder el año pasado, no deja de reivindicar, sin embargo, su influencia.
"El gobierno de España no tiene ningún apoyo garantizado. Nosotros pactamos investidura a cambio de amnistía y después dijimos que todo lo demás era pieza a pieza", indicó su secretario general, Jordi Turull, la semana pasada en la radio local Rac 1.
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