"Me trataron de loca, de madre maliciosa, de madre negligente". Cuando Sandra denunció al padre de su hijo por someterlo a abusos sexuales, en lugar de recibir ayuda se lo quitaron tras acusarla de manipularlo para atacar a su expareja.
Las denuncias de Sandra fueron desestimadas y perdió la custodia de su hijo durante casi dos años cuando la justicia la acusó de implantar en el niño falsos recuerdos bajo el "síndrome de alienación parental" (SAP).
Este supuesto síndrome es usado como argumento legal en varios países, pero es rechazado por la ciencia, la ONU, el Parlamento Europeo, la OEA y Colombia, que vetó su uso en las cortes en una decisión constitucional inédita.
Esa controvertida teoría, acuñada en los años 1980 por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner, sostiene que un menor puede ser manipulado por uno de sus padres para rechazar u odiar al otro. Un argumento recurrente en casos de violencia sexual.
"Me cuestioné mucho si realmente sí estaba loca", reprocha con voz entrecortada Sandra, que pidió a la AFP ser identificada con otro nombre por temor a represalias. "Me acusaron de que yo quería obstaculizar la relación paterno-filial".
No es la única. El SAP se ha colado en la última década en tribunales de todo el mundo, invocado en especial por hombres -aunque no únicamente- para eclipsar denuncias y evadir responsabilidades.
Así lo alertan la ONU y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que lo catalogan como "una forma de violencia contra las mujeres".
Se registran casos de la utilización de SAP en cortes de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, España, Francia, Perú, Puerto Rico, México y Uruguay.
María Paula Chicurel, psicóloga forense colombiana y perita privada, explica que esta teoría "utiliza estereotipos para señalar a las mujeres como vengativas, celosas, locas, mitómanas o manipuladoras".
En la otra orilla, defensores de recurrir al SAP zanjan que se trata de un "fenómeno en etapa media de investigación".
"El (padre) que se siente ofendido toma al niño como un botín de guerra para dañar a la pareja. (...) No tener en cuenta (el SAP) es dejar sin herramientas a los jueces para (...) determinar qué está pasando en una familia que se destruye", defiende la abogada colombiana Ester Molinares.
La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Estadounidense de Psicología tachan al SAP de "seudocientífico" y lo excluyen de sus manuales de diagnósticos.
"Es una estrategia en donde se silencia al niño y se establece un foco en un conflicto supuesto de pareja", dice Chicurel.
Pero el concepto ha ganado terreno, incluso en legislaciones.
En Brasil, una ley de 2010 avaló el SAP. En Chile, la Cámara de Diputados rechazó en 2023 una propuesta para reconocerlo como violencia doméstica.
Sandra perdió la custodia de su pequeño en 2022. Fue entregado, dice, al mejor amigo del padre y luego a él pese a las denuncias.
Camila vivió un drama similar: fue acusada de SAP cuando demandó al padre por agresiones a sus hijas, como mostrarles sus genitales en erección o ingresar a la ducha sin su consentimiento.
Una funcionaria "me amenazó con que tenía la facultad de quitarme a las niñas (...). Me entró mucho miedo", asegura la colombiana que pidió proteger su identidad.
En 2023, la Corte Constitucional colombiana analizó un incidente particular y prohibió el SAP como argumento legal por carecer de respaldo científico, aunque pidió evaluar "manipulaciones" en cada caso.
En adelante, los acusados deberán basar su defensa en otras tesis.
El tribunal consideró que el SAP "no es admisible cuando hay antecedentes de violencia intrafamiliar, ya que la primera invisibilizaría la segunda conducta", explica Lilia Zabala, profesora de Derecho de la Universidad de Los Andes.
Sandra recuperó al niño amparada en un fallo que "demuestra que este síndrome no existe", celebra.
Pero los adeptos del SAP, según expertos, ahora usan sinónimos para invocarlo legalmente: interferencia, triangulación, madres maliciosas.
Medios colombianos denuncian también con audios y videos filtrados un "cartel de la infancia", una supuesta trama en la que entidades, abogados y peritos otorgan custodias a padres con poder económico.
El SAP sería uno de los métodos.
"Hay una mafia", acusa también Sandra.
Camila señala "irregularidades" de un perito que le "impusieron", pues, según su versión, la acusó de SAP y otros trastornos en un reporte que no contó con su testimonio. Al cuestionarlo, este la contrademandó por "falsa denuncia".
"Llevamos cinco años en este proceso, no paran las persecuciones. (...) Necesitan sentar un precedente de una madre juzgada con esta teoría 'acientífica'", dice al borde del llanto.
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