Decisiones políticas es lo que se necesita, pero no se adoptan y se convive con la crisis y la inestabilidad permanente. Petroperú está en la cuerda floja, y el resto del país también. Es la falta de conducción del Gobierno de Dina Boluarte la que está empujando al Perú al abismo.
Esta falta de decisión gubernamental y de visión de estadista ha provocado la renuncia masiva del directorio encabezado por Oliver Stark, que ya había marcado las rutas que podrían adoptarse para darle salida al entrampamiento en el que se encuentra la empresa petrolera estatal.
Se trata de un entrampamiento que no es exclusivamente financiero. Es una serie de decisiones que tienen que ver con la gestión de la empresa estratégica nacional en manos de privados, el peligro de la insolvencia, la mala calificación crediticia, la percepción de los acreedores, entre otros.
Hay un riesgo real de desabastecimiento de combustible en las áreas geográficas atendidas por Petroperú si las decisiones se siguen postergando y, más grave aún, si se está pensando en replicar al mando al equipo gerencial que generó tamaño descalabro en tiempos de Pedro Castillo.
Sostener que Petroperú no será privatizado no significa nada si no se adoptan todas las condiciones para hacer viable la marcha de la empresa. Esa fue la llamada de alerta del directorio en su momento y la incertidumbre se acentúa con la renuncia del equipo liderado por Stark.
Por lo pronto, se alista una censura en el Congreso contra el ministro de Economía, José Arista. La tardanza en la emisión del decreto de urgencia que defina el rumbo de Petroperú es una responsabilidad política que va a tener un costo, que lamentablemente afectará a los trabajadores de la empresa y a la población de Talara, tan vinculada a la marcha de la petrolera estatal y al país en general, por la seguridad energética que proporciona.
La responsabilidad de lo que ocurra es enteramente de Dina Boluarte y su equipo ministerial, quienes están jugando con fuego con la empresa estatal y el futuro del desarrollo del país.