El Senado de México reanudó este martes el debate de una reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que convertiría al país en el primero en elegir a todos sus jueces por voto popular, tras una sesión suspendida por la irrupción de manifestantes.
Los congresistas debieron trasladarse a la antigua sede de la cámara alta en Ciudad de México, después que cientos de manifestantes contrarios a la reforma invadieran la sede del Senado y obligaran a suspender la sesión.
El presidente de la cámara, Gerardo Fernández Noroña, denunció la irrupción como un "intento de golpe" contra el Legislativo y culpó a la oposición de facilitar el ingreso de los manifestantes, entre los que había funcionarios judiciales en huelga.
Éstos se movilizaron hacia los alrededores del nuevo lugar de deliberaciones, donde seguían coreando frases como "señor senador, detén al dictador!", en referencia al izquierdista López Obrador, autor del proyecto.
"Habrá reforma", manifestó el presidente del Senado, al señalar que el oficialismo consiguió el voto que le faltaba para completar los dos tercios necesarios para aprobar enmiendas constitucionales. Se espera que el texto sea votado entre este martes y el miércoles.
López Obrador planteó la reforma en el marco de un enfrentamiento con la Suprema Corte, que le ha bloqueado reformas que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.
El mandatario, que entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1 de octubre y tiene una popularidad de 70%, acusa al máximo tribunal y a algunos jueces de estar al servicio de las élites, de la corrupción de cuello blanco y del crimen organizado.
Pero sus adversarios denuncian que en realidad pretende eliminar la independencia judicial para instaurar un régimen autoritario y perpetuar a su partido en el poder.
La enmienda también es criticada por Estados Unidos y Canadá, que aseguran que dañará el acuerdo comercial T-MEC, cuando México se consolida como principal socio comercial de su vecino del norte.
Washington advierte además que el voto directo dejaría a los jueces a merced de los criminales, que ya inciden en las campañas políticas.
Si la iniciativa es aprobada, los actuales ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados (unos 1.600) podrían postularse en elecciones en 2025 y 2027. De no hacerlo, permanecerían en sus cargos hasta que asuman los elegidos.
La reforma es criticada además por expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch.
Colocaría a México "en una posición única en términos del método de elección de jueces", señaló Margaret Satterthwaite, relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.
El otro caso similar en América Latina es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular, mientras los jueces ordinarios son designados por un consejo de la judicatura.
Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019).
"Lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios, porque el poder judicial está al servicio de potentados (...), de la delincuencia de cuello blanco", expresó este martes López Obrador.
En vísperas del debate, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, equiparó la enmienda con un intento de "demolición del poder judicial".
Aunque el presidente del Senado no detalló de dónde vino el voto que faltaba, se trataría del conservador Miguel Ángel Yunes, a quien sus copartidarios del PAN acusaron de "traidor".
De ser aprobada la reforma "se estaría instaurando una dictadura", declaró a la AFP el abogado José Cordero, de 40 años. "Los litigantes dependemos de un sistema de justicia autónomo", subrayó.
Entre los cambios que traería la reforma, la figura de los "jueces sin rostro" para enfrentar al crimen organizado preocupa a Ana Paola Morales, estudiante de relaciones internacionales de 23 años, pues viola el "derecho de saber quién te está juzgando (y) por qué cargos".
Los partidos opositores, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han dicho que votarán contra la iniciativa, al tiempo que denuncian presiones desde el oficialismo.
"Daremos la batalla hasta el final para evitar este atropello", escribió en X la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales.
López Obrador insiste en que el voto acercará la justicia a la gente en este país donde diariamente se registran unos 80 homicidios y la impunidad supera el 90%, según oenegés.
