Un tribunal de Madrid archivó la única causa por torturas durante la dictadura franquista que había sido admitida a trámite por la justicia española, un hecho "demoledor" para la víctima, Julio Pacheco Yepes, quien recurrió la decisión.
La causa había sido abierta en mayo de 2023 ante la denuncia de Pacheco Yepes, quien en septiembre de ese año se convirtió en la primera víctima de torturas escuchada por un juez español desde que muriera Francisco Franco en 1975.
"Acuerdo el (...) archivo de las presentes actuaciones", indicó la jueza Ana María Iguácel en su auto fechado el 31 de julio, pero que no había salido a la luz hasta ahora.
La propia magistrada fue quien había admitido a trámite la querella, al constatar entonces "la posible existencia" de "crímenes de lesa humanidad y torturas".
Pero ahora se plegó a la jurisprudencia de la justicia española, que ha rechazado sistemáticamente todas las denuncias de víctimas de la dictadura (1939-1975) alegando la prescripción de delitos y, sobre todo, la Ley de Amnistía de 1977, que perdonó los delitos de los opositores políticos pero también de los agentes del orden público.
"El estado de la jurisprudencia no ha cambiado tras la promulgación de la Ley de Memoria Histórica", escribió la jueza, en referencia a la legislación insignia del Gobierno del socialista Pedro Sánchez para resarcir a las víctimas del franquismo, aprobada en octubre de 2022.
"Es demoledor", afirmó a la AFP Julio Pacheco Yepes, quien dijo que pese a haber tenido "claro que las posibilidades" de que la causa avanzara "eran muy pequeñas", sintió "rabia" al conocer el documento judicial que archivaba su denuncia contra sus cuatro torturadores.
"El triunfo" es haber "sido escuchados en un juzgado", dijo el hombre de 68 años, quien a sus 19 años fue arrestado por la policía secreta en agosto de 1975, apenas tres meses antes del fallecimiento de Franco.
Miembro de una organización estudiantil antifranquista, Pacheco Yepes denunció haber sido torturado durante diez días en la temida Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol en el centro de Madrid, para luego ser encarcelado bajo acusación de terrorismo.
En una entrevista con la AFP en septiembre de 2023, dijo querer que su testimonio abriera "una grieta en el muro de impunidad" contra el que chocan las víctimas del franquismo.
Ahora, tras la decisión judicial "decepcionante", recurrió el auto de la jueza y afirmó estar dispuesto a "seguir peléandolo" hasta el Tribunal Constitucional y la justicia europea.
Varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, condenaron la decisión del tribunal madrileño.
"Manifestamos nuestra más absoluta disconformidad y absoluto rechazo con el contenido del auto", que "consolida un modelo de impunidad inadmisible en un Estado de Derecho y socava (...) los derechos más elementales que asisten a aquellas personas que sufrieron crímenes franquistas", indicaron en un comunicado.
La Ley de Amnistía de 1977 sigue siendo un muro infranqueable, pese a la Ley de Memoria Histórica de 2022, que entre otras cosas creó una fiscalía dedicada a investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura.
El juez Baltasar Garzón, célebre por haber intentado extraditar en 1998 al exdictador chileno Augusto Pinochet, llegó a ser procesado -aunque luego absuelto- por intentar abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo amnistiados por la ley.
Para gran desesperación de las víctimas, algunos torturadores murieron sin ser procesados, como el policía Juan Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño, fallecido en 2020.
Ante los obstáculos judiciales en España, las asociaciones de víctimas recurrieron a Argentina, donde la magistrada María Servini invocó el principio de justicia universal para iniciar una investigación en 2010, todavía abierta, por genocidio y crímenes contra la humanidad durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista.
En 2014, la justicia española negó la extradición solicitada por Servini de una veintena de antiguos ministros, jueces y policías del régimen por supuestos crímenes de lesa humanidad.
