Alianza Para el Progreso (APP) deja la investigación de la contaminación en zonas mineras de nuestro país en manos de la congresista Magaly Ruiz, quien afronta dos denuncias constitucionales en su contra por recorte de sueldo y tráfico de influencias.
Para este periodo anual de sesiones la congresista Magaly Ruiz presidirá la Comisión Investigadora Multipartidaria que investigue la atención a los niños y familias afectadas con el exceso de plomo en la sangre y demás metales tóxicos en zonas mineras de Pasco y el Perú.
Desde el despacho de la parlamentaria confirmaron a La República la designación de la congresista acuñista como titular de este grupo multipartidario. Ruiz reemplazará a su colega de Alianza Para el Progreso, Idelso García.
El 29 de setiembre del 2021 el Pleno del Congreso aprobó la creación de esta comisión para investigar el cumplimiento de los compromisos y las responsabilidades por parte del Poder Ejecutivo y de las empresas privadas, en relación a la atención de la salud de los afectados por las consecuencias de la actividad minera y metalúrgica.
Quien presentó la moción para crearla fue el exparlamentario de APP, Freddy Díaz, quien está sentenciado por abuso sexual. El texto sustitutorio aprobado planteó que este grupo multipartidario iba a tener 180 días hábiles para investigar y presentar un informe. Pero han pasado tres años y todavía no hay resultados.
La parlamentaria Ruiz, además de investigar la contaminación en zonas mineras, también deberá responder por las denuncias constitucionales que pesan en su contra.
El año pasado fue sindicada de recorte de sueldo a uno de sus trabajadores. El ciudadano José Luis Briones Trujillo presentó una denuncia constitucional en su contra. Sin embargo, la congresista del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina, quien fue la delegada en este caso, elaboró un informe final que recomendó archivar la imputación.
El 2 de febrero de este año la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) mandó al archivo la denuncia constitucional de Briones Trujillo.
Pero esa decisión no cerró el caso.
El 25 de abril la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en contra de Ruiz por concusión en el marco del Caso Mochasueldos. Es decir, pese al primer blindaje de la Subcomisión, esta indagación todavía sigue en pie.
Además, la congresista afronta otra indagación. En julio la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en su contra por tráfico de influencias y negociación incompatible.
En este caso, la tesis del Ministerio Público es que la congresista acuñista habría instigado al fiscal provincial Richard Rojas Gómez a que interceda por ella ante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales por la investigación del Caso Mochasueldos.
La parlamentaria de APP se habría mostrado interesada en la contratación de Alex Rojas Gómez, hermano del fiscal Rojas, según un comunicado del Ministerio Público.
Los casos de presunto recorte de sueldo y tráfico de influencias están pendientes de resolverse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que en este periodo estará presidida por la legisladora de APP, María Acuña.
