Decenas de ciudadanos de diferentes asentamientos humanos en los distritos de Ate Vitarte, Santa Anita y El Agustino se reunieron frente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para exigir la pronta ejecución de los proyectos de agua y desagüe prometidos. La licitación de las obras, que permitirán el acceso a agua potable, se ha retrasado, generando un creciente malestar entre los 49 asentamientos afectados en Lima este.
La ahora exministra Hania Pérez de Cuéllar anunció en septiembre del año pasado cuatro proyectos de agua potable y alcantarillado para el distrito de Ate, incluyendo el Esquema Huaycán II, una obra valorada en más de S/135 millones. Pérez de Cuéllar aseguró que el expediente técnico estaba por concluir y que la convocatoria para la adjudicación e inicio de las obras se lanzaría durante el primer trimestre de 2024.
Sin embargo, los residentes de los distritos afectados han señalado que las obras prometidas aún no han comenzado, generando un creciente malestar. Exigen el cumplimiento de las promesas realizadas por la exministra, resaltando que la demora está afectando gravemente su calidad de vida y el acceso a servicios básicos esenciales.
Desde las primeras horas de la mañana, los vecinos se dirigieron a los exteriores del ministerio en el distrito de Jesús María para llevar a cabo una protesta pacífica. Con carteles en mano, esperaban la aprobación de una fecha para la licitación de los proyectos de agua potable, con el objetivo de abastecer los hogares más necesitados de Lima Este.
"Estamos aquí para reclamar un derecho vital que es el agua y desagüe para Ate, Santa Anita y El Agustino (...) Aproximadamente son más de 49 pueblos que estamos sin agua y desagüe. Ya los silos han colapsado y esperamos que haya una solución hoy día con una respuesta clara y precisa", señaló el señor Abdon Flores, vecino afectado.
Varios ciudadanos han manifestado su descontento con las autoridades, señalando que los recientes cambios en la cartera ministerial bajo la presidencia de Dina Boluarte están retrasando aún más los proyectos de agua. "Todo depende del Gobierno (...) Como cambian gobiernos o ministros, a veces no están informados, hay que informarles y dilatan el tiempo porque no hay voluntad para nosotros", señaló un vecino de Ate.
Doce dirigentes de los asentamientos humanos se reunieron con el ministro de Vivienda en busca de una respuesta oportuna. Los manifestantes, que esperaban una solución favorable, advirtieron que, en caso contrario, intensificarían sus protestas y considerarían iniciar una marcha hacia el Palacio de Gobierno.
“Es prioridad número uno de la presidenta Dina Boluarte y de mi gestión llevar agua y desagüe a todo el Perú”.
En octubre del año pasado, la exministra Hania Pérez de Cuéllar anunció la licitación para uno de los componentes del proyecto de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en los distritos de Ate y Santa Anita. Informó que el expediente técnico para este proyecto fue aprobado en agosto de 2023. Para agilizar su ejecución, el proyecto se dividiría en dos componentes: el de mejoramiento de los servicios existentes y el de ampliación, que priorizará las conexiones a viviendas que actualmente no cuentan con agua ni alcantarillado.
En ese contexto, se esperaba que el Expediente Técnico para el componente de ampliación fuera aprobado en diciembre de 2023 y que la licitación para la ejecución de las obras se realizaría en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, este cronograma no se cumplió. El componente de ampliación está diseñado para beneficiar a 49 zonas y contribuir al cierre de brechas sociales en Ate. Por su parte, el componente de mejoramiento atenderá a 403 zonas en Ate y Santa Anita. En conjunto, el proyecto integral, a cargo del Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), está valorizado en más de S/ 1,700 millones.
La exministra también anunció que a través del PASLC, también se están sacando adelante los proyectos de agua y alcantarillado del Esquema Horacio Zevallos, Pariachi y Anexos; de los Sectores 176 al 178; y el proyecto de las partes altas conocido como Huaycán II (volarada en más de S/135 millones), los tres en Ate Vitarte, los cuales estaban en elaboración de sus expedientes técnicos correspondientes, y se esperaban beneficiar a más de 78.000 habitantes de la zona con acceso a servicios básicos esenciales.
