La presidenta de la Suprema Corte de México, Norma Piña, denunció este domingo un intento de "demolición del poder judicial" en momentos en que el oficialismo de izquierda discute en el Congreso una polémica reforma a ese sector.
"La demolición del poder judicial no es la vía como se pretende", dijo Piña en una inusual alocución transmitida por redes sociales y plataformas digitales del máximo tribunal, mientras el Senado iniciaba la discusión del proyecto que propone la elección popular de jueces y magistrados.
La presidenta de la corte anunció además dos propuestas elaboradas por el poder judicial que, según manifestó, buscan "aportar a la discusión" desde "la experiencia directa de quienes imparten justicia".
"Ambos documentos coinciden plenamente con las múltiples recomendaciones y peticiones que se han dirigido al Estado mexicano desde los organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos", sostuvo.
La iniciativa es impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya logró su aprobación en la Cámara de Diputados el pasado miércoles en medio de protestas de funcionarios judiciales en huelga.
Este domingo comenzó la discusión en las comisiones del Senado, donde al oficialismo le falta solo un voto para lograr los dos tercios necesarios para aprobar reformas constitucionales.
Sin referirse expresamente a la elección popular de jueces, Piña lanzó un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo a escuchar las observaciones que se han hecho desde distintos sectores, que advierten que la enmienda socavará la independencia judicial.
"Hoy todavía es posible (...) podemos cambiar las cosas", añadió la ministra.
López Obrador acusa a miembros del poder judicial de actos de corrupción, de favorecer a los llamados delincuentes de cuello blanco y a criminales y de tener ingresos superiores a lo que establece la ley.
Piña resolvió el jueves pasado consultar a sus colegas para determinar si el máximo tribunal es competente para frenar el proyecto, tal como pidieron funcionarios judiciales, lo que fue rechazado por el presidente, que finalizará su mandato el 1 de octubre.
