La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, denunció este domingo un intento de "demolición del poder judicial" en México, donde el oficialismo de izquierda inició la discusión de una polémica reforma a ese sector en el Senado.
"La demolición del poder judicial no es la vía, como se pretende", dijo Piña en una inusual alocución por redes sociales, mientras miles de personas protestaban en Ciudad de México contra el proyecto que propone la elección popular de jueces y magistrados.
Acompañada de otros colegas, la presidenta de la corte anunció además dos propuestas elaboradas por el poder judicial que, según manifestó, buscan "aportar a la discusión" desde "la experiencia directa de quienes imparten justicia".
Sin referirse expresamente a la elección popular de jueces, Piña llamó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a escuchar las observaciones que se han hecho desde distintos sectores, que advierten que la enmienda socavará la independencia judicial.
"Hoy todavía es posible (...) podemos cambiar las cosas", añadió la ministra, quien el viernes participó en protestas contra la reforma constitucional organizadas por funcionarios judiciales en huelga.
La iniciativa fue aprobada el pasado miércoles por la Cámara de Diputados, que tuvo que sesionar en un polideportivo pues el edificio legislativo fue bloqueado por manifestantes.
La propuesta también es cuestionada por Estados Unidos y Canadá, que advierten de un daño a la democracia y al acuerdo comercial T-MEC, así como por expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch.
Washington advirtió que la elección popular podría ser aprovechada por el narcotráfico para manipular a los jueces, lo que el gobierno rechazo como una declaración "injerencista".
El mensaje de Piña se produjo poco después de que dos comisiones del Senado iniciarán la primera discusión del proyecto presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya popularidad supera 70% según encuestas.
Al oficialismo solo le falta un voto en esa cámara para lograr los dos tercios necesarios para aprobar reformas constitucionales.
El mandatario izquierdista, que el 1 de octubre entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum, asegura que la reforma ese necesaria para limpiar el poder judicial de corrupción y combatir la impunidad, que según oenegés ronda 90%.
Sheinbaum apoya firmemente la enmienda, que plantea que los candidatos a jueces y magistrados sean propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
López Obrador acusa a miembros del poder judicial de actos de corrupción, de favorecer a los llamados delincuentes de cuello blanco y a criminales y de tener ingresos superiores a lo que establece la ley.
El presidente sostiene además un duro enfrentamiento con la Suprema Corte, a la que señala de haberse convertido en aliada de la oposición tras bloquearle reformas clave a los sectores energético y de seguridad.
En medio de este choque de poderes, Piña resolvió el jueves pasado consultar a sus colegas para determinar si el máximo tribunal es competente para frenar el proyecto, tal como pidieron funcionarios judiciales, lo que fue rechazado por el presidente.
Se estima que una vez lo avalen en comisiones, el proyecto sea presentado al pleno del Senado el martes para su votación un día después.
Además de la huelga, la iniciativa desató protestas de estudiantes de derecho y organizaciones civiles.
Miles de personas se manifestaron este domingo frente al Senado en rechazo a la discusión, aunque permitieron el paso al recinto ubicado en el tradicional Paseo de la Reforma.
"¡El poder judicial no va a caer!", corearon los manifestantes, algunos de ellos siguiendo el debate inicial que se transmite en redes oficiales del Congreso.
"¡Que no se rajen (acobarden)!, que cumplan la palabra dada de votar en contra de la reforma judicial", reclamó de su lado a los legisladores opositores Claudio X. González, un acaudalado empresario al que López Obrador señala como jefe de la oposición.
Los 43 senadores opositores, que acaparan la atención mediática, han denunciado en los últimos días supuestas presiones del oficialismo para conseguir el voto restante.
