El fiscal provincial José Domingo Pérez no va más en la investigación contra Keiko Fujimori por los presuntos aportes ilícitos que habrían ingresado a la campaña presidencial de Fuerza Popular en 2021. Así lo dispuso el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, el fiscal superior Rafael Vela, el último viernes.
Vela Barba adoptó esta decisión en base a un informe del propio Pérez Gómez, documento en el que el mismo fiscal provincial concluye que debería ser excluido de dicho caso “para evitar eventuales cuestionamientos que afecten el normal desarrollo del proceso en estadios más avanzados”. Ello conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo todo lo actuado respecto al delito de obstrucción a la justicia contra el abogado Arsenio Oré Guardia.
Dicho fallo llevó a que el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional excluya del juicio oral por el Caso Cócteles a Oré Guardia y los otros abogados acusados por el referido ilícito. Estos son Luis Lazo, Lorena Gamero, Danae Calderón y Giulliana Loza.
El tribunal a cargo del juicio, además, excluyó a Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Luis Mejía, Ytalo Pachas, Aurora Torrejón Riva, Walter Rengifo y Fuerza Popular. José Domingo Pérez se mantiene como el fiscal del Caso Cócteles y continuará hasta que se emita la sentencia final, salvo que el TC acceda al pedido de Fujimori de anular el juicio oral.
El TC determinó que el fiscal José Domingo Pérez no podía indagar los actos de obstrucción contra su propia investigación —actos que habría desplegado Arsenio Oré— porque tenía un conocimiento previo del caso. Dicha situación, dice el TC, pone en duda la objetividad e imparcialidad en el desarrollo de la investigación.
Justamente, el argumento de “conocimiento previo” fue invocado por Rafael Vela para asignarle a José Domingo Pérez la investigación de los presuntos aportes ilícitos en la campaña de 2021 de Fuerza Popular.
El fiscal coordinador estimó que los nuevos ilícitos presuntamente cometidos en dicha campaña no era nada más y nada menos que la “continuidad de la organización criminal que lideraría Keiko Fujimori”. Sin embargo, con lo decidido por el TC, y con el objetivo de evitar que el caso sufra un revés más adelante, Vela se vio en la obligación de excluir a José Domingo Pérez.
En la disposición de exclusión, el fiscal superior Rafael Vela deja en claro que no está de acuerdo con los argumentos que desarrolla el TC en el caso de Arsenio Oré, pero reconoce que este fallo es de obligatorio cumplimiento.
Vela afirma que el fallo del TC atenta contra la lucha contra la criminalidad organizada y los principios de conexidad y unidad de la investigación. Esto porque, sostiene, un solo fiscal no podría investigar todos los delitos que una organización criminal pueda cometer.
“Con el criterio adoptado por el TC conllevaría que por cada delito se avoque un fiscal (diferente), con la alta probabilidad de adoptar decisiones contradictorias entre sí por la divergencia de teorías de casos que se tendrían circunscritas a una misma organización criminal”, apuntó Vela Barba.
La disposición del fiscal Rafael Vela no solo excluye a José Domingo Pérez, sino que también deja el caso fuera de la competencia del Equipo Especial Lava Jato.
Ahora, la investigación será asumida, en el estado en que se encuentra, por una de las Fiscalías Supraprovinciales Corporativas Especializadas en Delitos de Lavados de Activos. Según fuentes de La República, la carpeta fiscal llegó al despacho de la fiscal Manuela Villar Ramírez.
Esta investigación fiscal se inició a raíz de los audios difundidos en junio de 2021, luego de la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.
En las grabaciones se escucha al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos coordinar con el comandante EP (r) Pedro Rejas para que supuestamente se capten fondos ilícitos para que Fujimori gane fraudulentamente las elecciones.
El 5 de julio de ese mismo año, José Domingo Pérez abrió diligencias preliminares contra Fujimori y Fuerza Popular por presunto lavado de activos y organización criminal. Luego se incluyó a Luis Galarreta, Liliana Takayama, Miguel Torres, Karina Beteta y Lindman Miranda. La tesis del Ministerio Público es que la presunta organización criminal habría captado S/ 1,3 millones para el pago de recursos impugnatorios en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
