Una ley aprobada por el parlamento de Nicaragua que permite juzgar a quienes cometan acciones en el exterior contra el gobierno de Daniel Ortega entró en vigor este viernes al ser publicada en el diario oficial.
Opositores exiliados aseguran que esta ley que reformó el código penal, aprobada el martes por unanimidad por el congreso controlado por Ortega, será utilizada como "herramienta de represión transnacional".
"Las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros (...) fuera del territorio nacional", indica la norma publicada en el diario oficial La Gaceta.
Entre las acciones que contempla la ley figuran los "delitos contra la administración pública", "ciberdelitos" o "delitos contra el Estado o sus instituciones", considerados como "menoscabo de la integridad nacional", con sanciones de hasta 30 años de prisión y confiscación de los bienes.
La ley contempla además multas y otras sanciones contra empresas y organizaciones.
"Toda pena que se imponga por un delito doloso, imprudente o falta, llevará consigo la pérdida de dinero, bienes o activos", señala la norma.
El gobierno de Ortega ha endurecido la legislación y la represión tras las protestas opositoras de 2018. Desde entonces han sido cerradas unas 5.500 oenegés y sus bienes fueron confiscados.
Las protestas dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados y sus bienes confiscados.
La ley entró en vigor un día después de que el gobierno de Ortega liberó a 135 presos políticos, quienes fueron enviados a Guatemala, gracias a una mediación de Estados Unidos.
