La última Encuesta del Poder (EdP), elaborada por Ipsos Perú, coloca como la persona más poderosa del país a Dina Boluarte. El 76% de encuestados la colocan en primer lugar, pero es seguida muy de cerca por Keiko Fujimori (75%) y César Acuña (71%). Esto quiere decir que entre quienes componen la muestra de esta encuesta (personas consideradas influyentes dentro del campo de los negocios, la academia, la política, el periodismo, etc.), queda claro quién es el triunvirato gobernante. La EdP es entonces una encuesta sobre el poder, pero la información se recoge entre “poderosos”.
Es válido preguntarnos si el orden en el podio sería el mismo en una encuesta de opinión regular realmente representativa de la ciudadanía. ¿Se percibe entre los peruanos promedio que Boluarte es en efecto quien detenta el poder y lo ejerce? Probablemente no.
La opinión pública resulta ser bastante más negativa que esta selección de consultados poderosos. En la última encuesta de opinión pública realizada el mes de agosto por Ipsos, únicamente el 6% aprueba al gobierno actual, mientras que en la EdP 10% señala que aprueba al actual régimen, aunque esta cifra es considerablemente menor a la aprobación de la EdP del año pasado (30% y la “aprobación firme” marcaba 3%). Si bien los gobiernos son transitorios, es inevitable que la ineficiencia y corrupción de esta gestión impacte negativamente en el Poder Ejecutivo como institución. Este año, solo el 39% considera al Ejecutivo como el sector más poderoso, versus el 89% que coloca al Congreso en primer lugar.
Ante la falta de una bancada propia en el Parlamento, Boluarte ha cedido el poder entero a los partidos políticos con los que gobierna. Alianza para el Progreso (de César Acuña), Fuerza Popular (de Keiko Fujimori), Podemos (de José Luna) e incluso Renovación Medieval (dirigido por López Aliaga), son la comparsa del Gobierno. Esta configuración que coloca voluntariamente al Ejecutivo en segundo plano ha dado un protagonismo excepcional al Parlamento, desde donde se están tomando decisiones peligrosas para el desarrollo nacional en distintos ámbitos: someter a la Fiscalía a un rol marginal respecto a sus funciones originales, relajar las sanciones contra organizaciones criminales, prescribir los crímenes de lesa humanidad ocurridos antes de 2002, y muchos otros atropellos contra el Estado de derecho.
El hoyo político en el que hemos caído dificulta que se despierte la ilusión de participar o de seguir a liderazgos actuales que marquen la ruta de salida del pantano. Sin embargo, este aletargamiento está llegando a su fin. Boluarte y los suyos viven entre abucheos multitudinarios, recibimientos a pedradas, jalones de pelo e insultos a viva voz. Mientras se suman estos episodios, dejan de ser anecdóticos, y hacen que el horizonte hacia el 2026 se haga cada vez más empedrado.
