En los últimos meses, varios casos de agresiones y amenazas contra periodistas y medios de comunicación en el Perú han generado preocupación sobre la libertad de prensa en el país. El Consejo de la Prensa Peruana ha informado sobre estos incidentes en su último reporte de agosto, donde expresan su inquietud por los ataques que van desde bloqueos mediáticos hasta amenazas legales.
En Venezuela, La República fue bloqueada después de las elecciones de julio, sumándose a la lista de medios restringidos por el régimen de Nicolás Maduro. Estos medios, incluido La República, pueden ser accesibles a través de una red privada virtual (VPN), enfrentando así una constante censura que limita su libertad informativa.
Además, se menciona el caso de Jaime Ayala, corresponsal de La República, quien desapareció hace 40 años en agosto. Aunque el juicio contra los presuntos responsables de su asesinato está en su etapa final, se ha apelado a la nueva ley aprobada por el Congreso que prescribe los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, algo que los familiares de Ayala buscan evitar para que el caso no quede impune.
Otros casos expuestos en el informe incluyen el ataque sufrido por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que fue víctima de ataques cibernéticos durante un evento donde se discutían los desafíos judiciales que enfrentan los periodistas. También se menciona el incidente con el congresista Darwin Espinoza, quien agredió verbalmente a los periodistas que lo cuestionaron sobre su presunta participación en actos de corrupción, calificando las preguntas como "chismes baratos".
Finalmente, el Consejo de la Prensa Peruana ha instado a las autoridades a garantizar la seguridad de los periodistas y a evitar cualquier forma de censura o represalia contra los medios de comunicación.
Durante la presentación de su informe sobre acoso judicial a periodistas en Perú, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) fue víctima de un ciberataque que interrumpió el evento en línea. Un grupo de "trolls" intentó sabotear la conferencia con contenido obsceno y violento, lo que generó preocupación entre los participantes y la organización.
El ataque ocurrió después de la intervención de la periodista Rosario Romaní, quien ha investigado durante más de una década al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, vinculado a la presidenta Dina Boluarte y al caso Rolex. Debido a la gravedad del ataque, el evento tuvo que ser cancelado.
El IPYS condenó estos hechos y expresó su rechazo, afirmando que estas acciones afectan su labor en defensa de la libertad de prensa. El informe 'Mordaza judicial', elaborado por Patricia Hoyos, contaba con la participación de las periodistas Paola Ugaz y Rosario Romaní, y destacaba los principales ataques contra la prensa en el país.
