El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intensificado su lucha contra los ciberataques rusos al presentar nuevas acusaciones contra cinco oficiales de inteligencia militar de ese país, quienes estarían involucrados en una serie de ataques con malware conocidos como WhisperGate. Estos ciberataques, que ocurrieron en enero de 2022, se dirigieron a Ucrania y a sistemas informáticos en 26 países aliados de la OTAN, incluyendo Estados Unidos, en vísperas de la invasión a gran escala por parte de Rusia.
La acusación formal fue anunciada por el fiscal general adjunto de seguridad nacional, Matthew Olsen, y otros altos funcionarios del gobierno estadounidense. En la denuncia se destaca que los ataques de WhisperGate afectaron la infraestructura informática de Ucrania, también de empresas y servicios vitales en países que apoyan la resistencia ucraniana. Estos ataques se consideran una de las primeras ofensivas cibernéticas rusas en la guerra que se desató en febrero de 2022.
Los ataques de WhisperGate fueron diseñados para sembrar el caos y desmoralizar a la población ucraniana, según las autoridades estadounidenses. El malware, además de destruir sistemas clave de comunicación y seguridad en Ucrania, también robó datos personales de miles de civiles, incluyendo información sensible relacionada con la salud y la educación. Estos datos fueron luego expuestos y vendidos en internet, en un intento de humillar y atacar psicológicamente a la población ucraniana.
El FBI reveló que los ciberataques no se limitaron a Ucrania. Los hackers rusos también se infiltraron en sistemas informáticos de países aliados de la OTAN, por ende, afectaron infraestructuras civiles cruciales en sectores como la seguridad alimentaria, el poder judicial y los servicios de emergencia. William DelBagno, agente especial del FBI, afirmó que estas acciones podrían considerarse como "el primer disparo" en la guerra cibernética que precedió a la invasión militar de Ucrania.
El gran jurado federal de Baltimore ha emitido acusaciones formales contra cinco oficiales de inteligencia militar rusa: Vladislav Borovkov, Denis Denisenko, Yury Denisov, Dmitry Goloshubov y Nikolai Korchagin. También se ha acusado a un civil ruso, Amin Timovich Stigal, quien fue implicado previamente en junio. Estas personas enfrentan cargos por conspirar para obtener acceso no autorizado a sistemas informáticos relacionados con los gobiernos de Ucrania y sus aliados.
A pesar de que los acusados probablemente se encuentren en Rusia, el gobierno estadounidense ha ofrecido recompensas que suman 60 millones de dólares por información que conduzca a su ubicación o ayude a detener sus actividades cibernéticas maliciosas. Las autoridades subrayaron que estas acusaciones son vitales, ya que impiden que los cibercriminales viajen y exponen públicamente sus acciones.
El operativo, bautizado como “Operación Soldado de Juguete”, también descubrió que los acusados cometieron fraude en Estados Unidos al acceder de manera ilegal a cuentas bancarias y usar una empresa estadounidense sin que esta tuviera conocimiento de su implicación en el delito.
