El 3 de septiembre último se llevó a cabo la audiencia del recurso de amparo presentado por el periodista Gustavo Gorriti, en relación con la investigación penal iniciada en su contra por el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay en abril de este año. A Gorriti se le acusa de presuntamente haber influenciado en las investigaciones del caso Lava Jato, según lo afirmado por Jaime Villanueva en su rol de colaborador eficaz.
A pesar de la relevancia del caso, por significar un ataque al secreto de las fuentes, la audiencia se desarrolló cinco meses después de presentado el referido mecanismo legal. Además, la sesión no fue transmitida por Justicia TV y se restringió la cantidad de asistentes al encuentro, de acuerdo con lo publicado por IDL-Reporteros.
Para garantizar el libre acceso de los periodistas y ciudadanía a la audiencia de amparo, Gorriti había solicitado con anticipación que la sesión se transmita por el canal oficial del Poder Judicial del Perú, Justicia TV, sin embargo, el juez constitucional Juan Carlos Núñez Matos rechazó el pedido porque dijo que “carece de objeto disponer la transmisión en vivo”.
Ante esta negativa, la única ruta para acceder a la audiencia virtual era por medio del enlace de Google Meet. Este camino fue bloqueado: solo se permitió el acceso a 10 personas.
Esta acción no pasó desapercibida expertos en el tema. La abogada y líder de opinión Rosa María Palacios rechazó el nulo acceso a una audiencia que justamente trata sobre libertad de expresión. “Ha habido una audiencia importante y el juez no ha querido que tenga publicidad […]. No es correcto que no sea pública una audiencia que trata como tema de fondo la libertad de expresión y la persecución a un periodista que ha develado casos muy serios de corrupción en el poder”, expresó durante su programa en Radio Santa Rosa.
En tanto, el especialista en derecho a la información y libertad de prensa Roberto Pereira comentó: “Los jueces deben garantizar la publicidad de las audiencias y en un caso como éste con mayor razón: se puede…[compartir] el link y no restringir el acceso. [O] a través de Justicia TV. Acá […] hubo restricciones para el acceso…, eso afecta la publicidad de la audiencia, que es una regla procesal […] la garantía de publicidad debe ser máxima”.
Por otro lado, otro de los reclamos de IDL-Reporteros es que la audiencia sobre el recurso de amparo estuvo programada para durar alrededor de una hora, pero solo llegó a 49 minutos. Intervinieron la abogada de la Procuraduría del Ministerio Público Gabriela Copello; el fiscal demandado, Alcides Chinchay; el abogado de Gorriti, Carlos Rivera; y el director de IDL-Reporteros, a quien el juez otorgó solo dos minutos de tiempo para su intervención.
Al escuchar que solo se le otorgó hablar por dos minutos, Gorriti respondió: "Bueno, yo pensé que eran 5. Quiero decir que un tema para la libertad de prensa y la democracia, difícilmente puede resumirse en esos minutos ". Acto seguido continuó con su intervención.
"El asunto central es el periodismo de investigación y sus consecuencias en dos caso relacionados: uno de ellos el caso Lava Jato y el caso Cuellos Blancos. IDL Reporteros empezó con la investigación del caso Lava Jato en el 2011 y lo desarrolló a fondo organizando una red latinoamericana mucho tiempo antes de que la Fiscalía iniciara investigaciones sobre el tema. Exploramos, contactamos, entrevistamos a decenas de fuentes humanas y documentales en Brasil, Perú y otras naciones", expresó.
Posteriormente, resaltó la persecución de la que tanto él como IDL Reporteros han sido víctimas. "Aquí en el Perú hubo desde temprano, hay que decirlo, ataques, desinformaciones, amenazas e intentos por obtener nuestra información y nuestras fuentes desde el 2018. Luego se desataron ataques de calumnia que desde el último año originaron ataques directos, acosos callejeros y amenazas de todo tipo. A eso le siguió una investigación hostil emprendida por el fiscal Chinchay y esto no es una reacción mía. Esto ha provocado desde el comienzo una respuesta internacional", anotó.
