La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno de El Salvador que derogue el régimen de excepción y restablezca los derechos suspendidos. La entidad también instó a implementar políticas que respeten los derechos humanos en la lucha contra la criminalidad.
El régimen de excepción ha sido criticado por organismos internacionales, quienes aseguran que ha generado violaciones a los derechos humanos, a pesar de los avances en seguridad que el Gobierno de Bukele defiende.
El régimen de excepción de El Salvador, vigente desde marzo de 2022, fue una medida tomada por el Gobierno de Nayib Bukele para combatir un repunte de la violencia pandillera que dejó 62 homicidios en un solo día. Desde entonces, las autoridades han capturado a más de 81.000 personas bajo esta normativa, argumentando que la estrategia ha devuelto la tranquilidad al país.
A pesar de las mejoras en la seguridad, la CIDH ha manifestado que ya no existe una situación de emergencia que justifique la continuación de este régimen. En su informe "Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador", la Comisión solicitó al Gobierno "restablecer los derechos suspendidos y adoptar medidas para la prevención y control de la criminalidad con respeto a los derechos humanos".
El presidente Bukele ha rechazado las críticas en otras ocasiones, defendiendo que el régimen de excepción ha transformado a El Salvador de ser uno de los países más violentos del mundo a uno de los más seguros de la región. En 2015, la tasa de homicidios era de 106,3 por cada 100.000 habitantes; en 2023, esa cifra cayó a 2,4, y para 2024 se proyecta que se reduzca a 1,8, según reportes oficiales.
El Gobierno sostiene que el éxito en la reducción de la violencia justifica la prolongación de la medida, la cual fue extendida nuevamente por la Asamblea Legislativa hasta el 7 de septiembre. Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, ha afirmado que no darán marcha atrás, argumentando que esta política ha sido crucial para garantizar la seguridad y prosperidad en El Salvador.
El informe de la CIDH destaca que, aunque las pandillas han sido un grave problema en El Salvador durante décadas, el enfoque punitivo del régimen de excepción genera preocupaciones en términos de derechos humanos. Según la Comisión, el modelo implementado incluye detenciones arbitrarias, donde las personas son privadas de libertad sin flagrancia o sin orden judicial, lo que va en contra de los estándares internacionales.
Además, la CIDH criticó las reformas a la legislación penal, que han endurecido las penas, y la aplicación obligatoria de la prisión preventiva para ciertos delitos. También destacó la ampliación de las penas a menores de edad, lo que contraviene los principios de justicia juvenil establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El hacinamiento en el sistema penitenciario es otra preocupación central en el informe. La CIDH denunció que las personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción enfrentan condiciones inhumanas de detención, con restricciones en el acceso a atención médica y medicamentos, y la aplicación de medidas de aislamiento prolongado.
El informe subraya la importancia de revisar las prisiones preventivas decretadas y de garantizar que la privación de libertad sea utilizada como último recurso. Sin embargo, el Gobierno salvadoreño ha defendido su enfoque, insistiendo en que la implementación de estas medidas ha sido crucial para devolver la seguridad a la población.
La CIDH concluye su informe pidiendo al Estado salvadoreño que adopte políticas de seguridad que respeten los derechos humanos y que deroguen el régimen de excepción, argumentando que ya no existen las condiciones que justificaron su implementación inicial. Sin embargo, el Gobierno ha dejado claro que no dará marcha atrás en su lucha contra las pandillas, priorizando la seguridad de los ciudadanos sobre las críticas internacionales.
