Podría decirse que no ocurrió lo peor. Tampoco da para celebrar. La elección de la magistrada Luz Pacheco Zerga como nueva presidenta del Tribunal Constitucional (TC) abre interrogantes sobre cómo será la correlación de fuerzas en dicha institución a partir de ahora.
Pacheco asumirá hoy el cargo para un periodo de dos años. Tomará la posta de Francisco Morales, sobre quien se especuló en algún momento que tenía la intención de reelegirse.
De igual modo se rumoreó que Gustavo Gutiérrez Ticse aspiraba al puesto. En su cuenta de Facebook publicó que no presentaría su candidatura para “mantener su independencia e imparcialidad en la votación de casos sociales y constitucionales sin mirar a quién”. Posiblemente sabía que no contaba con el respaldo suficiente.
El TC no lo ha confirmado, pero los votos a favor de Pacheco habrían sido cuatro: el suyo propio y los de sus colegas Manuel Monteagudo, Helder Domínguez y César Ochoa.
Domínguez ocupará la vicepresidencia mientras que Ochoa será el director general del Centro de Estudios Constitucionales.
Lo que ocurrirá a partir de ahora no está muy claro. “Al menos es una buena noticia que no haya salido reelecto Morales o electo Gutiérrez que tiene vínculos cercanos con partidos. Pacheco es conservadora, aunque por lo menos no carga ese lastre que compromete más su imparcialidad”, valoró la abogada constitucionalista, Beatriz Ramírez Huaroto.
Sin duda, lo que apunta Ramírez es un elemento por considerar. También lo es el hecho de que Pacheco ha respaldado sentencias del TC que han sido funcionales a los intereses del Poder Legislativo. Hay tres ejemplos pertinentes.
En octubre de 2022, el Parlamento interpuso una demanda de conflicto competencial contra el Poder Judicial alegando que este habría “menoscabado” sus “atribuciones exclusivas”. Fue declarada fundada.
En noviembre de 2022, el Legislativo presentó otra demanda competencial contra el Poder Ejecutivo por los alcances de la cuestión de confianza. “Este Tribunal señala expresamente que en ningún supuesto se encuentra habilitado el Poder Ejecutivo para realizar una interpretación contraria a la que haya realizado el Congreso, ni tampoco se encuentra habilitado para asumir que ha existido una denegatoria fáctica de la cuestión de confianza, la cual es contraria a la Constitución. La denegatoria de la misma es siempre expresa y la decide el Parlamento”, sentenció el TC.
Y en setiembre de 2022, el 25% de congresistas (33) presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 3150, que en la práctica terminó por sepultar la reforma universitaria. Esos legisladores que recurrieron al TC eran promotores de la norma. En su momento se denunció que lo que en realidad buscaban era que el TC declarara infundado el recurso para que la constitucionalidad de la Ley quedara confirmada. Eso ocurrió.
Pacheco votó a favor en los tres casos. Sobre el último, incluso, la hoy titular del TC declaró que los magistrados solo se pronuncian sobre si la demanda es constitucional, no sobre las intenciones de los demandantes. “No puedo saber que han pensado los congresistas al momento de presentar la demanda, lo que han hecho no es ilegal, si nos llega la demanda nos tenemos que pronunciar. Nosotros analizamos la legitimidad para obrar, no las intenciones”, indicó.
Sobre el indulto a Alberto Fujimori y el perdón que debería pedirle a las víctimas de su régimen, Pacheco dijo en una oportunidad: “Ya dejen el tema de Fujimori, olvídense ya, basta de odiar, no estén exigiendo que les pidan perdón”. Luego, y frente a la posibilidad de su postulación a la presidencia, aseguró que si bien el indulto redime la condena el exmandatario sigue siendo un “delincuente”.
Agenda por definir: causas pendientes y probables
El Ministerio Público anunció que interpondrá hasta dos demandas de inconstitucionalidad. Una contra la ley que declara la inaplicabilidad de la figura de la lesa humanidad en delitos cometidos antes del año 2002 y que, según denuncian especialistas, busca la impunidad de violadores de derechos humanos. Y otra contra la norma que modifica el crimen organizado. De llegar ambas, el Tribunal Constitucional, ahora presidido por Luz Pacheco, tendrá que pronunciarse al respecto. Es la titular del TC además la que establece la agenda.
También está pendiente de sentencia la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial por haber ordenado la reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Fue vista en audiencia, pero no habría los cinco votos para declararla fundada.
