Una mancha densa y aceitosa cubre parte de un estero en la protegida reserva del Yasuní, en la Amazonía de Ecuador. En este parque megadiverso, el pueblo indígena waorani clama por detener el impacto ambiental de la explotación petrolera.
"Ya es hora de decir basta, suficiente, ya han abusado de nosotros", dice a la AFP Ene Nenquimo, vicepresidenta de la organización Nacionalidad Waorani (Nawe), con un penacho de plumas multicolores.
Un derrame de petróleo tiñe la vegetación junto a una vía que conduce a la comunidad de Guiyero en el Yasuní, hogar de los waorani y emparentados clanes nómadas en aislamiento voluntario.
"Murieron lagartos grandotes", lamenta Pablo Ahua, de 44 años y uno de los casi 100 indígenas que viven en esa pequeña aldea cercana a uno de los tantos pozos de la reserva, de donde se extrae el oro negro valioso para el arca fiscal.
En junio la estatal Petroecuador admitió que la fuga no cuantificada de crudo en el bloque 16 (llamado Iro) contaminó fuentes de agua de varias poblaciones y alcanzó el río Napo, afluente del Amazonas.
El año pasado, un plebiscito ordenó al gobierno suspender las actividades en otro bloque, el 43 (conocido como ITT), que ocupa una reducida parte del territorio del Yasuní. 59% votó para dejar cientos de millones de barriles de crudo bajo tierra de forma indefinida. Pero muchos de los waorani sueñan con una selva libre de explotación petrolera.
El ITT empezó a ser explotado en 2016 tras fracasar el plan del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017) de evitar la extracción a cambio de una compensación internacional de 3.600 millones de dólares.
En la reserva han sido identificadas 600 especies de aves, 220 de mamíferos, 120 de reptiles y 120 de anfibios y es considerada uno de los lugares más biodiversos del planeta.
Los waorani piden respetar el mandato popular, considerado ejemplo mundial en la lucha contra la crisis climática. En agosto venció el plazo para cerrar los 247 pozos del ITT, todavía en operación.
"Dicen que (el petróleo) es para el desarrollo de las comunidades y no hay desarrollo. Lo único que dejan es (...) impacto ambiental", asevera Nenquimo.
Un grupo de periodistas llegó hasta Guiyero, en las riberas del río Tiputini que desemboca en el Napo.
Una veintena de indígenas cantaban en su lengua wao terere para dar la bienvenida. "Están diciendo: ayúdanos a seguir defendiendo nuestro territorio", traduce Freddy Nihua, dirigente de los wao de Orellana, una de las dos provincias del Yasuní.
Según ambientalistas, los derrames de crudo ocurren con mucha frecuencia en el parque, con un millón de hectáreas y reserva mundial de la biosfera.
Las fugas dejan "un impacto inmenso que nadie puede remediar", agrega Nenquimo.
La Nawe, la mayor organización waorani, estima en 4.000 su población dueña de unas 800.000 hectáreas en la Amazonía, aunque reclama 1,2 millones de hectáreas más.
La Constitución reconoce que los pueblos originarios "tienen la propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial", pero mantiene la potestad del Estado sobre el subsuelo.
"No somos atendidos, somos olvidados" al carecer de servicios esenciales como salud, dice Nenquimo.
Con unos 17 millones de habitantes, Ecuador registró en junio 25,5% de pobreza y 10,6% de pobreza extrema, que golpean sobre todo a comunidades originarias.
Trabajar para petroleras es una salida para algunos waorani, divididos frente a esta actividad que en 2023 generó ingresos por 7.823 millones de dólares.
El gobierno calcula que tomará al menos cinco años cortar toda la producción en el ITT, de unos 50.000 barriles por día (10% del total). El 28 de agosto se cerró el primer pozo.
Para Nenquimo, el estado ecuatoriano "debe respetar, guste o no" lo decidido en las urnas. Sostiene que su organización podría "promover" el cierre de otros bloques en operación en el Yasuní.
Ecuador estimó en 2023 pérdidas por 16.470 millones de dólares en dos décadas al cerrar el ITT, uno de los cerca de 80 bloques en la selva. Los gobiernos locales reciben aportes de los fondos petroleros.
De acuerdo con Kevin Koenig, de la oenegé Amazon Watch, otro de los efectos de la explotación de crudo son las enfermedades. "Vemos (...) una relación de gente que vive cerca de plataformas de explotación petrolera, pozos, con altos índices de cáncer", afirma.
El ambientalista exhorta a los países desarrollados a financiar la protección del medio ambiente con alternativas como canje de deuda.
En las antípodas, Marcela Reinoso, exgerente de Petroecuador, asegura que "un país que no tiene energía ni siquiera es atractivo para inversión".
