Una polémica reforma judicial que propone la elección popular de jueces fue aprobada en la madrugada de este miércoles por la Cámara de Diputados de México, en un primer paso de un proceso que busca incorporarla a la Constitución del país.
El proyecto del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador fue aprobado por la amplia mayoría oficialista, tras lo cual deberán ser discutidos varios de sus artículos antes de que el trámite continúe en el Senado.
La maratónica sesión se lleva a cabo desde la tarde del martes en un polideportivo de Ciudad de México, debido a que el edificio legislativo fue bloqueado por parte de trabajadores del poder judicial que están en huelga contra la reforma desde hace dos semanas.
Además del cese de actividades, la propuesta es rechazada por la oposición y ha generado tensiones con Estados Unidos, que advierte que "amenaza" la relación comercial en el marco del T-MEC y sería un "riesgo" para la democracia mexicana, pues a su juicio el narcotráfico podría aprovecharse de la elección popular para manipular jueces.
La propuesta plantea que jueces y magistrados, incluidos lo de la Suprema Corte, sean elegidos de listas de candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los detractores aseguran que ese mecanismo erosionará la independencia judicial.
El presidente López Obrador, cuya popularidad ronda el 70%, impulsa la reforma judicial al acusar a jueces y ministros de favorecer la corrupción de cuello blanco y a grupos criminales.
Sin embargo, la principal destinataria de sus críticas es la Suprema Corte de Justicia del país, que ha frenado total o parcialmente reformas suyas en sectores como el energético y de seguridad.
López Obrador señala a los jueces del máximo tribunal de haberse convertido en aliados de la oposición y de tener ingresos por encima de lo legal.
Durante la discusión de la reforma, los legisladores oficialistas hicieron eco de la postura del presidente.
"El poder Legislativo no puede someterse a ningún juez o autoridad distinta a nuestra soberanía", dijo Ricardo Monreal, coordinador de los diputados oficialistas.
"México está construyendo un sistema de justicia que será un ejemplo en el mundo", añadió.
El partido oficialista Morena y sus aliados, que arrasaron en las elecciones generales del pasado 2 de junio, suman dos tercios de los 500 escaños que se requieren en la Cámara de Diputados para aprobar reformas constitucionales sin negociar con la oposición.
La iniciativa, presentada en febrero pasado, también tendrá que ser votada en el Senado, donde al oficialismo le falta solamente un voto para reunir la llamada mayoría calificada.
El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, reiteró el martes sus críticas a la reforma al acusar que pone en riesgo la relación bilateral.
"Si no se hace de manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Hay muchísima preocupación", dijo el diplomático a periodistas.
Canadá -también socio del T-MEC- ha advertido sobre riesgos para la seguridad jurídica de las inversiones.
Los reparos son compartidos además por inversionistas enfocados en la moneda, los bonos y las acciones mexicanas, que temen que la reforma pueda "resultar en una politización del Poder Judicial", advirtió la consultora británica Capital Economics.
López Obrador ha calificado esas expresiones como "injerencistas" mientras la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el poder el 1 de octubre, rechazó las críticas a la iniciativa.
"La reforma al poder judicial no afecta ni nuestras relaciones comerciales, ni las inversiones privadas nacionales, ni extranjeras. Por el contrario, habrá más y mejor Estado de derecho y más democracia para todas y todos", dijo Sheinbaum la tarde del martes en la red social X.
