El incendio de la Torre Grenfell en Londres, en el que murieron 72 personas en 2017, entre ellas numerosos migrantes, fue el resultado de "décadas de fallos" por parte del gobierno y organismos del sector de la construcción, según una investigación publicada el miércoles.
Siete años después del peor incendio residencial ocurrido en Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial, la investigación independiente concluyó que las llamas que aparecieron en las primeras horas de aquel 14 de junio de 2017 se extendieron rápidamente por el bloque de viviendas sociales de 24 pisos en el oeste de Londres, debido al revestimiento altamente combustible fijado al exterior del edificio.
En aquella tragedia, un congelador defectuoso, en el cuarto piso, inició un fuego, que se propagó a gran velocidad por el edificio, habitado sobre todo por inmigrantes, pese a estar ubicado en el adinerado barrio londinense de North Kensington, debido al revestimiento de su fachada, hecho de láminas de aluminio y polietileno.
La investigación independiente, dirigida por el juez jubilado Martin Moore-Bick, critica al gobierno y a otros organismos influyentes por una remodelación de Grenfell que llevó a la instalación del revestimiento y otros materiales peligrosos.
El incendio fue "la culminación de décadas de fallos del gobierno central y otras organizaciones que ocupan puestos de responsabilidad en el sector de la construcción", concluyeron los autores de la investigación, en un informe que también destaca la "deshonestidad sistemática" por parte de las empresas de materiales del sector inmobiliario.
"Participaron en estrategias deliberadas y sostenidas para manipular los procesos de prueba, tergiversar los datos de las pruebas y engañar al mercado", señala la investigación.
Estas muertes "podrían haberse evitado todas", afirmó el juez Martin Moore-Bick.
"Las personas que vivían en la torre fueron gravemente desatendidas durante varios años por quienes eran responsables de garantizar la seguridad del edificio y de sus ocupantes", acusó este exjuez.
El gobierno laborista se asegurará de que esto "nunca vuelva a suceder", prometió el primer ministro Keir Starmer, en un comunicado, tras la publicación del informe.
El Cuerpo de Bomberos de Londres (LFB) también es objeto de fuertes críticas y sus altos mandos son calificados de "complacientes".
El servicio no aprendió las lecciones de un incendio anterior en 2009, que "debería haber alertado al LFB sobre las deficiencias en su capacidad para combatir incendios en edificios de gran altura".
A los residentes que llamaron a los servicios de emergencia se les dijo que permanecieran en sus apartamentos y esperaran ayuda. Ampliamente criticada, esta instrucción fue modificada desde entonces.
Los familiares y supervivientes mantienen la esperanza de que este informe permita castigar a los culpables con penas de cárcel.
"Tomaron decisiones anteponiendo las ganancias a la seguridad de las personas. Para mí no hay justicia sin que la gente vaya tras las rejas", afirma la colombiana Sandra Ruiz, cuya sobrina, Jessica Urbano Ramírez, de apenas 12 años, pereció en aquella tragedia.
Jessica era hija de Ramiro Urbano y Adriana Ramírez, una pareja de colombianos que vivía en uno de los apartamentos del bloque de 24 pisos.
La pareja logró escapar antes de que les llegaran las llamas, pero no así su hija, que quedó atrapada en el piso 20 del edificio.
Pero familias enteras quedaron atrapadas entre las llamas. Abdulaziz El Wahabi, de 52 años, murió junto a su mujer Faouzia, de 41, y sus tres hijos, el más joven, Mehdi, de ocho.
La víctima de menor edad fue un bebé de seis meses, Leena Belkadi.
La última víctima en fallecer fue la gallega María Pilar Burton, de 74 años, que murió como consecuencia de las heridas en enero de 2018, siete meses después de la tragedia.
Según el comisionado de la Brigada de Bomberos de Londres, Andy Roe, quedan alrededor de 1.300 edificios en la ciudad en los que todavía es necesario realizar trabajos urgentes de "renovación".
La Policía Metropolitana de Londres advirtió que no podrá presentar su informe antes de finales de 2025.
Los fiscales necesitarán entonces un año para decidir sobre posibles cargos penales.
