En los últimos quince días, dos periodistas venezolanas fueron detenidas por agentes de inteligencia del régimen de Maduro. La primera fue Ana Carolina Guaita, reportera del medio digital La Patilla, a quien detuvieron en la puerta de su casa, se la llevaron en un automóvil civil y luego mantuvieron incomunicada durante ocho días. La segunda fue Carmela Longo, periodista de amplia trayectoria en el área de Espectáculos, a quien intervinieron en su casa. No se les informó las razones de su detención.
Eso hasta ahora no está claro ni para sus colegas o sus familiares. En el caso de Ana Guaita se especula que podría deberse a que estuvo en la cobertura de la destrucción de una estatua de Hugo Chávez en la ciudad de Maiquetía o que la apresaron porque es hija del secretario del partido COPEI en La Guaira, Carlos Guaita, y de Xiomara Barreto, también dirigente de esa organización. Su familia teme que quieran presionar así a sus padres, que están fuera del país y son solicitados por el Gobierno.
Ana estuvo detenida y temporalmente desaparecida hasta que su familia la ubicó días después, la pudo ver y habló con ella. Estaba bien.
Respecto a Carmela Longo tampoco hay detalles sobre el motivo de su arresto. Fue detenida el domingo 25 de agosto y la liberaron al día siguiente, pero quedó imputada por el cargo de ‘terrorismo’ e ‘incitación al odio’. Tiene impedimento de salida del país, debe presentarse ante las autoridades y está prohibida de declarar y escribir sobre su caso. Además, allanaron su casa y se llevaron su computadora.
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“Su caso es llamativo porque sus fuentes son de espectáculos. Hemos visto detenciones en los últimos días asociadas a coberturas de protestas, de naturaleza política, pero no hay esos elementos en el caso de la detención de Longo. Además, nunca presentaron un documento para su arresto”, dice Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) venezolana.
Hasta el momento, por lo menos diez periodistas han sido detenidos en la crisis política que se ha desatado en Venezuela desde el 28 de julio, día de las elecciones en que Maduro fue declarado ganador fraudulentamente. Entre ellos están los reporteros gráficos Yousner Alvarado y Deisy Peña, el camarógrafo Paúl León y el periodista José Gregorio Camero, que cubrían las protestas pos 28 de julio y han sido imputados por delitos de terrorismo.
A ellos se suman Luis López, periodista político detenido en la prisión de El Helicoide; Eleangel Navas, community manager del diario El Oriental, que fue trasladado a una prisión en el estado de Miranda, pero está incomunicado; Gilberto Reina, que cubría noticias locales y políticas para un medio digital; y Roland Carreño, periodista y activista político, detenido el 2 de agosto en Caracas y encarcelado. Se les acusa de terrorismo e incitación al odio.
“Hay un uso abusivo de las leyes vinculadas al terrorismo. Someter a la legislación penal a periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos es algo que no se había visto en estos niveles en Venezuela”, comenta Marco Ruiz, del SNTP.
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Desde que se desataron la crisis política y las protestas en Venezuela por el supuesto triunfo electoral de Maduro, la presión, los ataques y la persecución han arreciado contra la prensa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señalan que “las detenciones y procesos penales contra periodistas y activistas se llevan a cabo bajo la ‘ley contra el odio’, sin garantías judiciales y severas restricciones a la defensa. Los cargos incluyen terrorismo, instigación pública, asociación ilícita y alteración del orden público”.
Medidas de protección
Muchos periodistas han tenido que abandonar su país, pues su posición crítica en contra del régimen de Nicolás Maduro los ponía en la mira de los agentes del Gobierno. Es el caso de Luz Mely Reyes, periodista fundadora y directora del medio digital Efecto Cocuyo, que publica información que cuestiona las versiones oficiales y por eso hoy está en la mira del régimen.
“Cualquiera que tenga una voz disidente puede ser detenido en estos momentos en Venezuela. En el último mes han capturado a periodistas, los han procesado, les han recortado sus derechos y en algunos casos los han sometido a desaparición forzada temporal. Sus familias o las organizaciones gremiales tienen que ir a distintos centros de detención hasta que logran encontrarlos”, cuenta Reyes.
En ese ambiente de temor se desenvuelve el trabajo periodístico y la prensa empieza a tomar medidas de protección para evitar la persecución. Una de esas medidas es una iniciativa de un grupo de medios venezolanos que, para evitar las represalias oficialistas, ha lanzado en redes el programa Operación Retuit, que es presentado por dos avatares que se identifican como la Chama y el Pana.
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“Nuestros contenidos provienen de medios con información verificada que participan en las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela”, dicen los presentadores virtuales en cada capítulo. Esa innovación para informar en redes sociales se hacía necesaria para proteger la identidad de los periodistas y editores que, contra todo, insisten en informar objetivamente sobre los abusos que está cometiendo el Gobierno chavista o dar cuenta de los problemas que vive el país bajo el régimen de Maduro y su cúpula.
“Esos avatares creados con inteligencia artificial salieron como respuesta a la criminalización de los rostros de los periodistas. Trabajan con información veraz producida por medios digitales que, prácticamente, son los únicos que todavía informan con independencia sobre lo que pasa en el país”, explica Luz Mely Reyes. Los medios radioeléctricos tradicionales o fueron cerrados o son controlados hoy por el oficialismo. Varios medios también han decidido que las notas no se firman, para evitar represalias a los autores. “Eso te da un termómetro de cómo está la situación en Venezuela. Todo periodista está expuesto”, agrega.
En el contexto poselectoral, las agresiones a la prensa —según la Relatoría Especial para la Libertad de Prensa— incluyen allanamientos, cierre de medios, confiscación de equipos, deportación de prensa internacional, anulación de pasaportes, amenazas, despidos injustificados y censura. También se han bloqueado las páginas web de numerosos medios de comunicación locales y extranjeros —entre ellos La República— y la prensa extranjera ha sido calificada por Maduro como “sicarios de la mentira”, “prensa basura” o “manipuladores”.
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“Estas prácticas de violencia institucional y terrorismo de Estado no solo están dirigidas a la persecución de sectores específicos, sino que instauran un clima de miedo e intimidación, con el objetivo de perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder”, dice la Relatoría. Otro intento de mantener el control fue bloquear las redes sociales como WhatsApp, X o TikTok, pero no han podido. “Eso no ha tenido impacto. La gente se comunica y accede a información por ahí”, dice Luz Mely Reyes.
