En mayo de 2021 nació la Ley N° 31188, con la que se permite la negociación colectiva en el aparato estatal a fin de que los trabajadores del sector público—representados en los sindicatos— podrían dialogar con las autoridades gubernamentales a fin de lograr mejores condiciones laborales.
Sin embargo, diversas agrupaciones han alzado su voz de protesta, ya que la gestión de Dina Boluarte busca ponerle candados a este beneficio —logrado tras casi cuatro décadas de lucha—. El primer objetivo es truncar la negociación colectiva en el ámbito descentralizado por territorio y entidad.
El Ejecutivo a través del artículo 28 de la Ley de créditos suplementarios (Ley N° 32103) bloquea cualquier acuerdo que mejore la retribución económica a los trabajadores estatales en el marco de la negociación colectiva descentralizada por ámbito territorial, entidad pública o en la que los sindicatos crean conveniente.
“Este artículo como tiene naturaleza presupuestal rige solo en el ejercicio fiscal 2024. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para alargar su vigencia, inserta en el artículo 27.1 (de la ley de presupuesto público para 2025) la propuesta para prohibir las negociaciones en más de 2.500 entidades del Estado”, comentó Alberto Campos, secretario general colegiado de la Confederacion Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE), a La República.
Según el proyecto del presupuesto público —que ha sido remitido al Congreso para su debate y aprobación hasta antes de diciembre— se exceptúa de la prohibición de la negociación colectiva solo a la centralizada (para todos los trabajadores en los tres niveles de gobierno) y sectorial (carreras especiales de educación y salud).
Es menester precisar que la negociación colectiva centralizada para este año fija un aumento de S/100 al mes —a aplicarse desde el 1 de enero de 2025— para todos los regímenes: 276, 728 (los del esquema privado en el Estado), servicio civil y trabajadores de carreras especiales penitenciaria y diplomáticos, así como los CAS.
No obstante, con los candados planteados por el Ejecutivo aquellos acuerdos logrados en la negociación colectiva descentralizada —donde se pueden acordar mejoras dependiendo de las necesidades de cada entidad, sector u organización sindical— quedarán anulados así ya existan pactos suscritos, considerando que la negociación colectiva descentralizada venció el pasado 15 de julio.
“Se prohibirá la negociación colectiva en más de 2.550 entidades del Estado, entre ellas 1.980 municipalidades, 33 universidades, ministerios, Poder Judicial, Congreso, entre otros. Si el aumento de 100 soles parece poco para el costo de vida, la diferencia a negociar se quiere dejar sin efecto”, añadió Campos.
El exviceministro de Promoción del Empleo, Fernando Cuadros Luque, sostiene que la voluntad del régimen de Boluarte es inconstitucional porque en su momento, el Tribunal Constitucional consideró que no estaba bien prohibir la negociación colectiva en materias económicas en ningún nivel. “Se podría regular, hacer mejores y precisiones pero no prohibir la negociación descentralizada. Ya no se podrán hacer complementos una vez acordado el centralizado”, anotó.
Desde el Cite y el Frente de Trabajadores Estatales del Perú (FTEP) advierten que el Gobierno quiere desaparecer la negociación descentralizada y luego ir por la centralizada, desvirtuándola de su naturaleza anual y estableciendo periodos más laxos para las mejoras laborales.
