“Te hablo de ‘La Gran Familia’. Necesito que me deposites S/5.000 para mañana. De lo contrario, te vas a atener a las consecuencias, que me voy donde más te duele”. Este fue el primer mensaje extorsivo que obligó a don César a ponerle rejas y una cámara de seguridad a su bodega de la av. Gerardo Unger, en Independencia. Sin embargo, las amenazas por WhatsApp solo aumentaron con el paso de los días. Al segundo mes decidió cerrar e irse a Áncash, su tierra natal, cuando le enviaron un sobre con balas.
La historia de don César merecía otro final. Pudo haberse contado que con esfuerzo formalizó su negocio en el 2021, dio empleo a sus dos sobrinos en el 2022 y que abrió otro en el 2023; pero no fue así. Los asaltos y las extorsiones vienen acabando con las ilusiones y hasta con la vida de los peruanos, como le sucedió a Pedro Casaico, en el distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo, quien fue asesinado en su bodega Lucerito hace dos meses.
Solo de enero a julio del 2024, la Asociación de Bodegueros del Perú ha recogido 9.823 casos de extorsión reportados por sus afiliados a nivel nacional; lo que significa que, al mes, 1.400 bodegas sufren por las amenazas y los atentados de los extorsionadores si se niegan a pagar cupos.
“En el 2023 se triplicó el número de extorsiones a bodegas de 4.000 a 13.000. Este año se va a superar esta última cifra según la tendencia”, afirma el vocero de los bodegueros, Andrés Choy.
Al igual que don César, el año pasado, 2.600 peruanos tuvieron que cerrar sus tiendas por la delincuencia que azota no solo a Lima y Callao, sino también a Trujillo, Arequipa, Piura y Chiclayo.
La modalidad que más usan los extorsionadores es el envío de cartas a los locales o mensajes a los teléfonos de los negociantes, a quienes les exigen cupos que varían entre S/200 y S/1.000 mensuales para que no atenten contra su vida o la de sus familiares. La otra es el ‘chalequeo’, que consiste en ‘garantizarle seguridad’ para que nadie los moleste.
Los préstamos ‘gota a gota’ también son otra forma extorsiva porque terminan en amenazas si no pagan los altos intereses.
Lo que más está ocurriendo es el cobro de cupos, que ya se ha convertido en un costo de operatividad; sobre todo en San Juan de Lurigancho, Chosica, Comas, Independencia, Ate y Carabayllo, según Choy. Cada vez más bodegueros ceden, ya no denuncian ante la policía y pagan por temor a que les pase algo.
“Esta no es una sensación, como dice el Gobierno. La inseguridad ciudadana, que no es su prioridad, está haciendo tambalear a la economía de las micro y pequeñas empresas (mypes). Si ya la recesión y la inflación nos han afectado, la delincuencia nos está asfixiando”, dice Choy, por lo que pide que haya un consenso entre las autoridades. “No puede ser que fiscales y jueces liberen delincuentes detenidos por la policía. No puede ser que el Congreso dé leyes que favorecen a las organizaciones criminales”.
El clamor es seguridad. Pero también más apoyo a las mypes.
A inicios de año, la señora Rosita acudió a diversas entidades bancarias porque quería un préstamo para hacer crecer su bodega, pero no pudo acceder a ninguno. Tras el fracaso, cayó en las garras de una banda criminal que opera con el ‘gota a gota’. Su vida es hoy un martirio porque las amenazas son recurrentes.
“Los extorsionadores tienen el mercado libre para colocar sus préstamos en los negocios chicos porque se ha hecho muy poco para flexibilizar el acceso a las financieras. No hay un banco de promoción, como el agrario, para ayudar a los microempresarios, quienes invierten, se formalizan y después son abandonados. El Ministerio de Producción no está haciendo su trabajo”, afirma el director de Mypes Unidas del Perú, Daniel Hermoza.
Según un sondeo del Centro de Estudios de la Mype (Cemype), el 67% de las micro y pequeñas empresas señala que la afectación de sus negocios es muy alta y alta por la inseguridad ciudadana. De esa cifra, más del 54% dice que esto se da porque los clientes no ingresan por temor, otro 24% responde porque es demasiada inversión en seguridad y el 22% dice porque ha sido víctima de extorsión y robos.
“El 89% califica el trabajo del Gobierno como muy malo y malo. Y es que la delincuencia está generando un efecto devastador en la economía popular. En el 2023 desaparecieron 230.000 mypes, según el INEI, muchas de ellas por la inseguridad. Hay indiferencia e indolencia en el Gobierno cuando las 8 millones de mypes generan puestos de trabajo”, señala Hermoza. La agonía de estas es lenta y triste.
Para el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso Bustamante, la crisis más grande que afronta actualmente el Perú es la de la inseguridad ciudadana.
“En el 2023, los negocios perdieron S/35.000 millones, equivalentes a 3,5% del PBI, por efectos del incremento de la criminalidad”, asevera. Por eso, su sector, junto con los gremios de trabajadores, propone el aumento de unidades de flagrancia, el fortalecimiento de la inteligencia policial y la entrega de recursos y logística a la PNP.
Esto es importante porque peruanos como don César y doña Rosita esperan invertir sus ahorros en negocios con los que puedan alimentar a los suyos. Quieren vivir tranquilos.
El Ministerio del Interior ha respondido que en los próximos días se creará un equipo policial especial para la captura y ubicación de los delincuentes dedicados a la extorsión y el sicariato. Esto irá de la mano con la campaña de apagón de teléfonos celulares prepago que son usados para cometer estos delitos. Se hará en 45 días.
“En 4 semanas se implementará una línea telefónica exclusiva para denunciar extorsiones. Ya se coordinó con el MTC el número gratuito de 3 dígitos”, dijo el sector.
Informó también que presentarán un proyecto de ley para que en 24 horas la Fiscalía remita a la PNP la resolución judicial de ubicación y captura de los extorsionadores.
Si es víctima de extorsión, la Policía recomienda llamar a la línea 1818 o al número telefónico 942 841 978 para denunciar a estas bandas criminales. La identidad de las víctimas es reservada.
También puede comunicarse con la Asociación de Bodegueros del Perú.
Los gremios piden a la PNP actuar y no abandonar a los denunciantes.
