El Congreso está por entregar las investigaciones penales a una policía que puede ser manipulada o bloqueada desde el Gobierno. Los pretextos abundan, aunque son muy livianos en lo conceptual. La propuesta no se apoya en referencias estadísticas, estimaciones presupuestales o experiencias institucionales comparadas. Pero se lanza en un momento que confirma su sentido: después del allanamiento que Boluarte no pudo bloquear, de la intervención a su abogado y de la expansión de los casos sobre criminalidad en el poder a su entorno.
El Gobierno quiere controlar las investigaciones penales. Y el Congreso, cuya mayoría anhela retener la presidencia el 2026, quiere que esto sea posible. Se trata de impedir cualquier interferencia que pueda ser generada por eventuales fiscales autónomos. Entregar hoy las investigaciones fiscales al Gobierno permitirá proteger a la señora Boluarte, sitiada por las muertes de DIC22 y ENE23; por los Rolex y por sus cuentas. Permitirá además proteger al señor Boluarte, su hermano, cuyas maniobras sobre las prefecturas están en debate ante un tribunal sobre organizaciones criminales. Y permitirá mantener bajo protección al señor Cerrón, el prófugo mejor cuidado de este Gobierno.
Pero se está reduciendo el alcance de las normas sobre organizaciones criminales y colaboración eficaz; se complican los allanamientos y se ha flexibilizado el régimen de control sobre la circulación de explosivos. Además de proteger al régimen actual, el paquete completo facilita las cosas a las mafias que están lotizando Trujillo, Chiclayo y Lima mientras toman el control de zonas mineras como Pataz.
Entonces, no se trata solo de proteger a este Gobierno. Se trata de organizar una presidencia que en adelante tenga el control de las investigaciones penales como un activo. De esta forma, los candidatos de la coalición, cada uno por separado, podrán postular a la presidencia ofreciendo a su clientela política protección legal como servicio.
La persecución del delito comienza a convertirse con esto en una moneda puesta al canje.
Pero hay más. Mientras el Congreso entrega las investigaciones de delitos al Gobierno, la comisión que preside el señor Josué Gutiérrez se apresta a elegir, casi a puertas cerradas, a los nuevos integrantes de la JNJ. Se trata de una nueva conformación completa que entrará en funciones en enero, en reemplazo de la actual JNJ. En noviembre, la Corte Suprema elegirá al siguiente presidente del JNE y en diciembre al nuevo presidente del Poder Judicial. Además, en cualquier momento, la Junta de Fiscales Supremos, en inminente asedio desde el Congreso, debe hacer definitivo el reemplazo de la señora Benavides, que sigue buscando espacios para revertir su destitución.
El sistema de justicia entero podría cambiar en solo unos meses. Y ese cambio es decisivo: Junto con las fiscalías, los tribunales de justicia vienen representando los únicos muros de contención al desborde del Congreso, que resulta ser sistemáticamente tolerado por el TC.
La política adquiere la forma de los fondos que la sostienen. Desde la transición de principios de siglo y hasta JUL16, la económica de la política estuvo fuertemente influenciada por la circulación de capitales privados formales no declarados, como ha quedado en evidencia a partir de los casos Odebrecht. La ley de AGO19 sobre financiamiento de organizaciones políticas canceló este circuito. Pero dejó intacto otro; el de las economías que viven por debajo de los radares de la ley. Hoy en día, las fuentes de financiamiento de la política parecen concentradas en el Estado, que distribuye fondos atendiendo al tamaño de las bancadas que ocupan el Congreso, más de un sector de emprendedores informales y una invisible lista de empresarios del crimen que pueblan la minería, el narcotráfico, el tráfico de tierras, la tala ilegal y un enorme etcétera.
Los fondos públicos asignados en función del tamaño de cada bancada parecen estar alentando la formación de alianzas para la conservación de posiciones de influencia en el Congreso. Las economías ilegales, un nuevo clientelismo orientado hacia la libre expansión de sus mercados.
Nuestra historia prueba que el dinero no determina el sentido de las elecciones. Pero sí explica la forma en que se comportan quienes confían en su impacto. Quienes controlan la coalición en el Gobierno ofrecen opciones de gobierno resistentes a cualquier investigación penal (“nosotros no renunciamos”). Ofrecen además la posibilidad de bloquear las investigaciones que se inicien en el futuro contra sus clientelas.
Las siguientes elecciones serán entonces decisivas. Tendríamos que impedir que el Congreso quede impregnado por representantes alineados a los intereses de organizaciones criminales. Pero, entre tanto, la oferta (“nosotros podemos contener cualquier caso penal”) no debe consolidarse.
Para evitarlo necesitamos fiscalías y tribunales fuertes, autónomos e independientes. Y tenerlos, en la medida de lo posible, pasa por contestar a todo intento de intervención, a fiscalías o tribunales y también a cualquier intento por cercenar sus competencias.
Entregarle al Gobierno las investigaciones de delitos es, precisamente, una forma de cercenar las competencias de las fiscalías que se alinea con la intención de controlarlo todo, para traficarlo todo.
Hace poco menos de dos años, una policía desvinculada del Ministerio del Interior permitió poner en evidencia la corrupción de Pedro Castillo en tiempo real. Con base en el trabajo de los fiscales liderados por Marita Barreto y Harvey Colchado, Pedro Castillo perdió el Gobierno. Lo perdió intentando escapar de los cargos que organizó ese equipo.
Este antecedente ha sido prácticamente eliminado del discurso oficial desde que se estableció la coalición que ahora nos gobierna.
Toca revivirlo en su exacta dimensión.
