El Congreso de Nicaragua aprobó este martes comenzar a juzgar a quienes cometan acciones contra el gobierno de Daniel Ortega en el exterior, una decisión que opositores consideran que será una "herramienta de represión transnacional".
Una reforma al código penal, aprobada por unanimidad, impone penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones contra el gobierno de Managua, lo que es tipificado como "menoscabo de la integridad nacional" y queda abierto a la interpretación de los tribunales, señalados -igual que el Congreso- de estar controlados por Ortega.
La norma, que abarca a nicaragüenses y extranjeros e incluye la posible confiscación de bienes, fue aprobada el mismo día en que la ONU advirtió del "grave" deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el año pasado, con un aumento de detenciones arbitrarias, malos tratos y persecución a todos los "percibidos como disidentes" por el gobierno de Ortega.
La reforma, que entrará en vigor al ser publicada en el diario oficial, establece que también pueden ser sancionadas empresas y oenegés.
El gobierno de Ortega ha endurecido la legislación y la represión luego de las protestas opositoras de 2018. Desde entonces han sido cerradas unas 5.500 oenegés bajo el argumento de no reportar sus estados financieros y sus bienes fueron confiscados.
Las protestas dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados y sus bienes confiscados. Además, a decenas se les retiró la nacionalidad.
