En el último año, el régimen de Nicaragua intensificó su represión, con un aumento significativo en los arrestos de disidentes, persecuciones y torturas en las cárceles, según un informe reciente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. La situación en el país empeoró gravemente, afectando tanto a opositores como a Pueblos Indígenas, quienes han sido víctimas de detenciones arbitrarias, intimidaciones y malos tratos bajo custodia.
"Las autoridades continúan persiguiendo no solo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control", indica el informe de la ONU.
De acuerdo con datos recopilados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, hasta mayo pasado, 131 personas consideradas opositoras sufrían detención arbitraria, lo que representa un aumento de 54 personas en comparación con el año anterior. Además, entre junio y julio de este año, se registraron diez detenciones arbitrarias adicionales, lo que evidencia un recrudecimiento de las acciones represivas del régimen.
El informe de la ONU detalla graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, , así como testimonios de siete detenidos que afirman haber sido víctimas de violación, abuso sexual, descargas eléctricas y estrangulamiento de testículos. Además, el informe documenta un aumento en la violencia dirigida contra comunidades indígenas y afrodescendientes.
El organismo también expresó su preocupación por un proyecto de ley que permitiría el procesamiento de personas en el extranjero por delitos como lavado de dinero, terrorismo, y cibercriminalidad, lo que podría ser utilizado para perseguir a opositores políticos.
"Si esta ley se adopta, se criminalizará más la disidencia, incluso en el caso de los que están exiliados y que enfrentan grandes dificultades, como el estar completamente desconectados de sus familias o no poder regresar a su país porque se les ha retirado la nacionalidad”, explicó el portavoz. Además, el informe señala la detención arbitraria de 27 sacerdotes y seminaristas católicos entre octubre y enero.
La ONU observó que los nicaragüenses continúan huyendo del país, como lo demuestran las durante los primeros seis meses de este año. Ante esta situación, la Oficina de Derechos Humanos ha instado a las autoridades nicaragüenses a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, garantizar juicios justos y el respeto al debido proceso para los procesados.
"Los asesinatos y otros ataques violentos, incluida la violencia de género, la quema deliberada de viviendas y la apropiación ilegal de tierras y propiedades indígenas se llevaron a cabo en un contexto de impunidad generalizada", dice el informe.
